“#Urgente el “ministro de gobierno” de #Bolivia anuncia la creación de un “aparato especial de fiscalía” para detener a diputados y senadores que hagan “subversión”. La “cacería”, como él lo llamó, se extiende ahora al poder legislativo”.
Así comentó en Twitter el sociólogo francés Marco Teruggi el anuncio realizado este domingo por el Gobierno espurio de Jeanine Áñez de la creación de un engendro para detener a legisladores y afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), que estarían cometiendo supuestos actos de subversión y sedición.
Las amenazas incluyeron a “periodistas de medios afines al MAS”, lo cuales podrían ser encausados o expulsados del país si son extranjeros. Corresponsales de medios rusos, argentinos y bolivianos ya han sido agredidos en el ejercicio de su labor.
En medio de tal escalada, los presidentes de la cámara de senadores y diputados, Eva Copa y Sergio Choque, pidieron a los seguidores al Movimiento Al Socialismo, no continuar movilizándose y concentrarse en la convocatoria a nuevas elecciones.
Los legisladores aseguraron que demandarán un informe detallado sobre los muertos, heridos y detenidos: “Estamos pasando momentos difíciles, pedimos a los movimientos sociales y otras organizaciones que depongan posiciones. No podemos vivir de luto, es difícil este momento, la bancada y las presidencias (de senadores y diputados) van a llevar adelante una reunión para convocar a las otras fuerzas políticas a participar”, expresó Copa.
“Tenemos muchos detenidos, bajas y queremos un informe detallado. Queremos saber qué está pasando, convocamos al Fiscal General para que nos explique en qué están los procesos. Convocamos al oficialismo a reunirnos y sentar las bases para convocar a nuevas elecciones”, agregó.
Ambas autoridades llamaron a una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para mañana martes: “Tenemos toda la voluntad política de poder encarar una nueva elección, convocamos al ahora oficialismo a poder sentarnos para dialogar sobre las bases en las cuales se va a enmarcar esta convocatoria y estas (nuevas) elecciones”, señaló Copa, según declaraciones replicadas por medios bolivianos.
Entretanto, Nicolás Trotta, rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, en Argentina, denunció en su página de Twitter que “pocas personas le han hecho más daño al continente que Luis Almagro (…). Tenés tus manos manchadas de sangre. Tu responsabilidad es encontrar caminos que eviten la violencia, todo lo contrario a lo que has hecho desde tu oficina de Washington. #MasacreEnBolivia”.
“Yo por lo menos tenía cierta esperanza con la OEA y su auditoría electoral —declaró este domingo Evo a la agencia española EFE—, pero dieron el informe preliminar donde se tomaron decisiones políticas. Intenté comunicarme con Luis Almagro y no quiso (…). El domingo, de madrugada, la OEA se suma al golpe (…). Ahora me doy cuenta qué rol juega la OEA en América Latina. Lo mejor sería revisar, reestructurar, refundar o finalmente enterrar a la OEA”.
Audios revelados por Erbol, medio digital boliviano, confirmaron además que al menos seis de las figuras clave en la conspiración golpista fueron alumnos de la tristemente célebre Escuela de las Américas.
Un estudio publicado por The Grayzone, medio digital de periodismo investigativo, sostiene que el rol “de los oficiales militares y policiales entrenados por los Estados Unidos fue fundamental para forzar el cambio de régimen”.
Agencias del Gobierno de los Estados Unidos, como la USAID, han financiado abiertamente a grupos anti-Morales durante años, dice el documento, pero el verdadero Caballo de Troya empleado por los servicios de inteligencia fueron los vínculos académicos (Escuela de las Américas), y las conexiones personales establecidas con oficiales activos, para lo cual emplearon asociaciones supuestamente profesionales como la de Agregados Policiales de América Latina en Estados Unidos de América (Apala), con sede en Washington D.C.
El comandante general de la policía boliviana, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, quien llevó a gran parte de la fuerza policial al amotinamiento del 9 de noviembre, ocupó durante el 2018 la presidencia de Apala, descrita como un proyecto de “seguridad multidimensional” que trabaja para construir relaciones y conexiones entre las autoridades estadounidenses y los oficiales de policía de muchos de los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Williams Kaliman, jefe del ejército de Bolivia al momento del golpe, sirvió como agregado militar en Estados Unidos en el 2013. Antes había estudiado en la Escuela de las Américas. El medio digital La estrella roja (https://redvolucion.net) asegura que luego de ser relevado del cargo por Jeanine Áñez, Kaliman ha regresado a EE. UU. con 1 millón de dólares, premio entregado por Bruce Williamson, encargado de Negocios del imperio en Bolivia.
Vale recordar que en abril del 2014 militares bolivianos de baja graduación protestaron ante la imposibilidad de ascender por “discriminación racista” y reclamaron “descolonizar” el ejército. Aquellas demandas fueron apoyadas por asociaciones de etnia aymara como Los Ponchos Rojos, los que hoy reclaman el regreso de Evo. La directiva de las FF. AA. resolvió el asunto anunciando el retiro obligatorio de los 702 suboficiales y sargentos que “faltaron” a sus trabajos, a quienes acusó de “sedición, motín, realizar acción política y atentar contra la dignidad y el honor” de la institución.
Tal como demuestran los hechos, el golpe de Estado del 10 de noviembre fue una pócima preparada con cautela y tiempo. De igual calibre tendrá que ser la respuesta del pueblo.
