La Caridad es una finca agroecológica. Tal categoría ostentan solo tres, de las más de 400 bases productivas de su tipo, en el municipio de Ciro Redondo, de la provincia de Ciego de Ávila. La unidad es propiedad, compartida con su padre, de Iosvany Acosta Delgado, declarado este último administrador de todo el terreno, en el proceso de adjudicación de los suelos por herencia familiar.
Un experto destaca que allí los impactos productivos y socioeconómicos, en la mitad de dicha finca, donde vive y trabaja Iosvany, se monitorean en el marco del proyecto titulado: Contribución a una producción agropecuaria climáticamente inteligente para Ciego de Ávila.
Argumenta el Doctor en Ciencias Carlos A. Mazorra Calero, decano de la facultad de ciencias agropecuarias, de la Universidad Máximo Gómez Báez, en Ciego de Ávila, que esos suelos se han convertido en un escenario de modelos agroecológicos a utilizar en la investigación científica de sistemas de interacción ganadería-agricultura, en actividades de capacitación de otros productores y en la docencia de pregrado y posgrado.
Otros avales testifican que la tierra sirve porque sirve también quien la trabaja. Leomedes Ponce Herrera, presidente de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Felipe Navarro, opina: «nuestro asociado Iosvany Acosta ha sido estimulado como productor destacado de ganado menor y por las donaciones de alimentos a instituciones de Salud Pública».
Acompaña a su declaración una lista que corrobora el cumplimiento de los planes de venta al Estado de carne de ovino y mango fresco, y las donaciones realizadas por el campesino, en relación con las entregas de plátano vianda, yuca, tomate, habichuela, quimbombó, remolacha, pepino, ajo porro, cilantro y ají pimiento.
«El área que él explota está debidamente atendida y se cumplen los planes en las líneas de producción establecidas. Además, se desarrolla el programa Sierra Maestra, con la siembra de plantas protéicas y la posibilidad de extender esta experiencia al resto de las formas productivas», destaca en su aval Lázaro Quintero Rivero, director de la unidad municipal de la granja urbana.
Ha trascendido la historia de este guajiro de 45 años de edad. «Desempeñó con éxitos el cargo de vicepresidente de nuestra cooperativa hasta que se trasladó por cercanía hacia la Felipe Navarro», subraya Roberto Doporto Díaz, presidente de la CCS Ciro Redondo. Similar comportamiento tuvo en la CCS Carlos Rodríguez Careaga.
Letra muerta en tierra expropiada
Tanto reconocimiento deviene letra muerta en certificados que parecen estar estrujados por una insólita decisión administrativa, tal vez excepcional en la campiña cubana. Quien denuncia ilegalidades, puede convertirse en culpable si llegara al fin su historial de productor de avanzada en el Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino.
Por eso, el anapista decide plantear su inquietud en la corresponsalía de Trabajadores, en Ciego de Ávila. «Quien quietarme las tierras, las plantaciones, los animales, la casa; adónde voy después de vivir aquí hace más de 20 años», declara Iosvany y muestra un documento que sentencia: iniciar el proceso de expropiación forzosa de la tierra y demás bienes agropecuarios…
Resulta que el quejoso declara presuntas ilegalidades en el otro 50 % de la superficie, adonde, por cierto, él no puede ni asomarse por litigio familiar, pero el peso de la ley le quiere caer encima, por el hecho de haber permitido esas violaciones, ya que fue legitimado administrador de toda la finca, mediante la resolución 726, del delegado provincial del Ministerio de la Agricultura, de fecha 31 de marzo de 2004.
«Hace mucho tiempo se delimitó la tierra y me dijeron que de la cerca para allá no podía pasar», comenta Acosta Delgado sobre el proceder de los que ya no están en el cargo, y de la severidad de los que en la actualidad le notifican la máxima sanción, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto-Ley 125 sobre el régimen de posesión, propiedad y herencia de la tierra y bienes agropecuarios.
Sin habérsele aplicado multas ni advertencias con anterioridad, hoy lo notifican por permitir, del otro lado de sus verdaderas 3,56 hectáreas en plena producción, el empleo de mano de obra asalariada, la no venta al Estado de las producciones susceptibles de ser acopiadas y las relaciones de aparcería que implicaron cesión parcial de la tierra para beneficiar a terceras personas.
En contraste, el aval concedido por Germán Claro Franch, delegado de la Agricultura en Ciro Redondo, testifica: «se debe señalar que él trabaja solo el 50 % del área, ya que de la otra parte es copropietario su papá».
Los claroscuros en la susodicha finca salen a relucir en el preciso momento en que la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños celebra en la base las asambleas previas a su XII Congreso. Sin embargo, el tema es un tabú; en cambio, constituye una tarea en marcha, por parte de la Dirección de la Agricultura, el proceso preparatorio para el decomiso anunciado, sin oír el parecer de la organización campesina, acto violatorio del Decreto-Ley 125, aprobado en 1991 por el Consejo de Estado de la República de Cuba.
Habrá que esperar al capítulo final para llegar a la conclusión de que La Caridad recupera su identidad o, definitivamente, hereda el nombre de Tierra brava.
