La crisis política originada por el enfrentamiento entre el presidente Martín Vizcarra y parte de grupos parlamentarios fujimoristas de la bancada del Partido Fuerza Popular, mayoritaria en el órgano legislativo, así como otros del sector aprista, reticentes a los planes económicos del jefe de Estado y saneamiento del país de la corrupción y el latrocinio, mantienen en un clima de tensión e incertidumbre a la nación andina.
La rebeldía de los legisladores, negados a dar un voto de confianza al Gobierno de Vizcarra, condujo a que, en uso de la facultad prevista en el Artículo 134 de la Constitución peruana, el presidente decidiera disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones legislativas para el próximo 26 de enero.
La enérgica orden ejecutiva — tildada por Pedro Olaechea, titular del cuerpo legislativo, como un golpe de Estado— derivó de inmediato en la insólita y precipitada decisión del parlamentario de juramentar en el cargo a la vicepresidenta del país, Mercedes Araoz, quien apenas 24 horas después renunció públicamente.
La mayoría de la ciudadanía ha mostrado su apoyo a Vizcarra y también cuenta con los altos mandos militares. Su determinación del disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones legislativas, fueron consideradas como “dentro de las normas institucionales”.
Desde el comienzo de su gestión, Vizcarra se pronunció decididamente por luchar contra las lacras administrativas, el tráfico de influencias y la malversación del erario público, males que caracterizaron a varios de los Gobiernos entre los años 2001 al 2018, algunos de sus homólogos de aquella época ellos hoy son sospechosos de corrupción y de haber obtenidos grandes beneficios económicos de la constructora brasileña Odebrecht.
A raíz de esta candente confrontación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, medios de prensa nacionales e internacionales comenzaron a difundir nombres de presuntos implicados en causas de fraudes, sobornos o recibir pagos ilegales por concesiones a empresas, entre ellos el expresidente Alejandro Toledo, detenido en Estados Unidos y sujeto a un proceso de extradición.
Enjuiciados están además los expresidentes Alberto Fujimori y Pablo Kuczynski; los dirigentes del Partido Fuerza Popular, Keiko y Alberto Fujimori; y hasta Alan García, pero este último se suicidó el pasado 19 de abril, al parecer, atormentado por tener que dar la cara a actos de malversación y corrupción.
Otros miembros del Parlamento han sido señalados por su falta de honradez y honestidad en el ejercicio de sus funciones.
Martín Alberto Vizcarra Cornejo, de 56 años de edad, de profesión ingeniero civil, asumió la presidencia del Perú, el 23 de marzo del 2018, tras la dimisión de su antecesor Pedro Pablo Kuczynski, de cuyo Gobierno había sido primer vicepresidente.
Su lucha anticorrupción y determinación de cerrar las vías que conducían al latrocinio y al enriquecimiento ilícito concitaron la constante confrontación con el Parlamento, dominado por el fujimorista partido Fuerza Popular. Esos delitos han costado sumas millonarias a la nación peruana, comparadas por algunos a la que los conquistadores españoles extrajeron en plata del fabuloso Potosí.
