Ecuador vive el estado de excepción decretado por el Gobierno y la agitación social provocada por medidas pactadas con el Fondo Monetario Internacional, que afectarán a los sectores más vulnerables del país sudamericano.
Bajo el pretexto de sanear la economía y aliviar la situación fiscal, el ejecutivo que preside Lenín Moreno apeló a reformas tributarias y laborales, entre las que destacan la eliminación del subsidio gubernamental a los combustibles.
Las medidas adoptadas comprenden además de reducir en un 20 % el salario para los contratos ocasionales renovados, disminuir de 30 a 15 días el período vacacional de empleados públicos y el aporte del estipendio correspondiente a una jornada laboral mensual.
El Gobierno consiguió desalentar el paro decretado por los transportistas, pero se mantiene vigente la convocatoria a huelga nacional para el 9 de octubre.
El paquetazo, como le denominan, provocó descontento entre trabajadores, pueblos y nacionalidades indígenas y estudiantes, así como en fuerzas políticas opositoras representadas en el Parlamento.
La eliminación del subsidio a la gasolina extra y al diésel, que entró en vigor el 2 de octubre, fue el principal detonante de las protestas, iniciadas con un paro de transportistas esa misma jornada.
Miles de personas se movilizaron en los últimos días en diferentes puntos de Ecuador, pero sobre todo en zonas indígenas, donde prometen seguir dando pelea hasta la cancelación de las medidas antipopulares con las que el FMI abrirá su caja prestamista.
Los manifestantes bloquearon carreteras con piedras, maderos y neumáticos, y se enfrentaron a las fuerzas militares y de policías.
Cientos de personas resultaron detenidas, y casi medio centenar de uniformados se encuentran retenidos por pobladores en el interior.
La Conaie, la mayor central indígena del país, anunció su propio “estado de excepción” en los territorios aborígenes, y condenó en un comunicado “la brutalidad y falta de conciencia de la fuerza pública para comprender el carácter popular de las demandas del paro nacional contra el paquetazo”.
En Quito, y en las ciudades principales, hay una tensa calma luego de episodios de represión policial contra los movilizados e incluso contra periodistas y camarógrafos que informaban sobre la situación nacional, hechos condenados por instituciones de Estado como la Defensoría del Pueblo. También ocurrieron actos de vandalismo y saqueo de centros comerciales.
Para inicios de semana se espera la llegada de miles de indígenas a Quito, lo que recuerda las grandes movilizaciones a fines del siglo pasado contra las recetas neoliberales.
Moreno llama golpistas a quienes protestan por estos días y reclama a sus compatriotas aceptar el paquete por el cual el FMI prestará más de 4 mil millones de dólares en los próximos tres años.
El mandatario insiste en que no retrocederá en su decisión de poner fin a los subsidios de combustibles que han estado vigentes por décadas. Pero del otro lado se radicaliza el rechazo a esta y otras disposiciones que sacaron a miles de personas a la calle.
La historia parece repetirse en Ecuador. Los pactos con el FMI vienen de la mano con el estado de excepción para reprimir la repulsa popular, en un pulso que en el pasado reciente le costó el puesto a más de un presidente.
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