Sin embargo, el juicio no concluyó y debe reanudarse este miércoles por orden del presidente de la corte, Antonio Dias Toffoli, quien comentó tener la intención de seguir a los jueces que aplaudieron la iniciativa ganadora.
En aquella ocasión, la mayoría de los ministros entendió que los acusados deben entregar sus alegaciones finales después de los acusadores.
Tal discusión tuvo su impulso por una decisión adoptada en agosto por la segunda sala del STF que revocó una condena impuesta al expresidente de la estatal empresa Petrobras Aldemir Bendini, penado por corrupción.
La segunda clase del Supremo votó a favor de la abolición de la sentencia del exjuez y ministro de Justicia, Sérgio Moro, emitida el año pasado contra el exfuncionario como parte de la Lava Jato.
Moro había sentenciado a Bendine a prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, al recibir millonarios sobornos de Odebrecht.
Los ministros argumentaron que las defensas presentaron sus alegatos finales dentro del mismo plazo, sin distinguir entre los acusados colaboradores (los que tienen acuerdos de delación premiada) y el resto de los inculpados.
Ante esta brecha jurídica, la defensa de Lula, quien cumple prisión política desde el 7 de abril de 2018, presentó un habeas corpus ante el STF, en el que solicita la anulación de penas contra el exdirigente obrero.
Mediante el recurso, los abogados reclaman que las sentencias contra el exsindicalista sean invalidadas en los casos de la constructora Odebrecht y el sitio de Atibaia y triplex de Guarujá, en Sao Paulo.
Los juristas invocaron que Lula sufrió las mismas limitaciones a su derecho de defensa por las que el STF derogó la condena impuesta a Bendini.
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