Las garras imperiales del bloqueo económico, financiero y comercial del gobierno de Estados Unidos también aprietan en el sector cubano de la construcción con el propósito de hacerlo colapsar y frenar el desarrollo del país.
Según los registros, el monto total de las afectaciones a las entidades de esa rama ha sido muy notable. Del 2008 y hasta el presente año el perjuicio asciende a 276,5 miles de millones de dólares (MMUSD).
En el Informe sobre la Resolución 73/8 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, presentado este año, se da cuenta que en el pasado 2018 el sector de la construcción continuó enfrentando serias dificultades para acceder a tecnologías constructivas más eficientes, ligeras, de menores consumos de materiales básicos y componentes energéticos.
En el período analizado no fue posible adquirir las barrenadoras D55, necesarias para la Industria de Materiales de la Construcción, por medio de la empresa ATLAS COPCO, radicada en un país asiático.
En otra parte, la actividad de exportación de esta rama también se ha visto obstaculizada por las regulaciones del bloqueo. Ejemplo de ello ha sido la imposibilidad de materializar un contrato firmado con Abs Trade & Commerce Limited para la exportación de 300 mil toneladas de Piedra de Algaba. La compañía no ha podido encontrar un buque dispuesto a trasladar la mercancía desde Cuba hacia el país de destino.
A esas afectaciones hay que sumar las siempre presentes limitantes para adquirir en el mercado internacional accesorios y piezas de repuesto para los múltiples equipos con los que cuenta ese sector.
Debido a ello se ha mantenido activa la creatividad de los innovadores y racionalizadores, quienes con un esfuerzo notable encuentran casi siempre soluciones para no detener la producción y las labores de construcción y montaje.
En resumen, las tres principales afectaciones del bloqueo de EE.UU. a la construcción en Cuba son: No acceso a tecnologías más eficientes y productivas para la edificación de viviendas, incremento de los precios de importación de productos similares en el mercado y gastos adicionales por contratación en territorios lejanos.
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