Las cortes federales de Estados Unidos resultan escenario de la ejecución de la Ley Helms-Burton, que codifica y hace cada vez más férreo el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba.
Cinco nuevas demandas fueron interpuestas el 27 de agosto en tribunales estadounidenses contra tres líneas de cruceros (Royal Caribbean, Norwegian Cruise y MSC Cruises) bajo el Título III de la Ley Helms-Burton.
Esta legislación extraterritorial fue aprobada por el Congreso en Washington en 1996, pero desde entonces todas las administraciones suspendieron la aplicación del Título III para evitar confrontaciones con socios de Estados Unidos, en particular de Canadá y Europa, con negocios e inversiones en la isla.
En mayo la administración del presidente Donald Trump activó el Título III, por el cual se permite a nacionales estadounidenses demandar a personas y empresas, tanto cubanas como de terceros países, que ‘trafiquen’ con ‘propiedades norteamericanas’ nacionalizadas en Cuba tras el triunfo de la Revolución en enero de 1959.
Llama la atención que uno de los demandantes es Javier García, quien también presentó en mayo igual reclamación contra Carnival Corp. y ahora repite la acción contra Norwegian Cruise y Royal Caribbean, con el argumento de que es propietario del puerto de la oriental provincia de Santiago de Cuba.
Asimismo, se interpusieron demandas contra Norwegian Cruise, Royal Caribbean y MSC Cruises a nombre de Havana Docks Corporation, una compañía perteneciente a Mickael Behn, quien dice ser ‘propietaria legítima de ciertos bienes inmuebles comerciales’ en el puerto de La Habana, según reportó la corresponsalía de Prensa Latina en Washington.
Como García, Havana Docks Corporation también presentó una reclamación contra Carnival Corp. el 2 de mayo último, el mismo día en que la administración Trump permitió la activación del Título III.
Ello confirma la pretensión de la Casa Blanca de desconocer el ordenamiento jurídico y constitucional vigente en el pequeño y vecino país.
Las expectativas de la administración de Donald Trump, y del lobby contrarrevolucionario de Miami (con el senador Marco Rubio a la cabeza) resultaba, con la activación del Título III, en que ocurriera una avalancha de reclamos judiciales, sobre todo contra empresas extranjeras asentadas aquí.
Y aunque hasta ahora tales pretensiones quedaron cortas, lo cierto es que hay en tribunales de aquel país litigios que apuntan a empresas e industrias neurálgicas para la economía cubana.
Así ocurre con las empresas Cimex S.A. y la Unión Cuba- Petróleo (Cupet) que ya dieron los primeros pasos para defenderse ante una corte federal del Distrito de Columbia.
Se trata de una demanda presentada por la multinacional ExxonMobil al amparo del Título III de la Helms-Burton. No hay que olvidar que la Exxon se negó a refinar petróleo proveniente de la Unión Soviética cuando Estados Unidos daba sus primeros pasos en la implementación del cerco económico, financiero y comercial a la isla, con seis décadas a su cuenta.
Ello provocó que el Gobierno Revolucionario, encabezado por Fidel Castro, decidiera la nacionalización de la actual refinería Ñico López, de La Habana, ahora bajo la égida de Cupet.
Por su parte Cimex S.A. es una sociedad mercantil con 40 años de creada, que importa, exporta, produce y comercializa bienes y servicios, con un importante peso en la economía cubana.
No son las únicas empresas acusadas de ‘traficar’ con bienes estadounidenses, también las hay extranjeras incluidas, algunas de las que mayor presencia e inversiones tienen en el sector turístico.
Carnival Cruise, la primera compañía extranjera demandada, suspendió los viajes de sus cruceros a puertos cubanos luego que la Casa Blanca los proscribiera como parte de un paquete de medidas destinadas a prohibir a los estadounidenses visitar a la mayor de las Antillas.
Según el ministro de Turismo, Manuel Marrero, más de medio millón de viajeros estadounidenses y de otras nacionalidades fueron afectados, en un accionar destinado a golpear la industria turística y los ingresos de Cuba.
A la par, el Gobierno de Estados Unidos tiene una lista negra que crece continuamente y suma más de 200 compañías y entidades cubanas a las que Washington prohíbe hacer transacciones y negocios con socios extranjeros, sujetos a castigos.
Pero el compás que abre el Título III de la Helms-Burton no resulta nuevo para Cuba. No es la primera vez que entidades cubanas defienden sus intereses en tribunales del país norteño. Desde 1960 así ocurrió en más de 40 oportunidades, en algunas de las cuales se consiguieron fallos favorables.
Cuba se ha mostrado dispuesta a negociar con Estados Unidos una posible compensación a ciudadanos de aquel país, pero a la par reclama que Washington pague la factura de los daños ocasionados por su política de cerco, que a fines de 2018 sumaba, según La Habana, más de 933 mil millones de dólares.
Al mismo tiempo La Habana subraya que la Helms-Burton es inaplicable en el territorio nacional, sin efecto jurídico alguno. Además, la nueva Ley de Inversión Extranjera vigente aquí ofrece garantías y salvaguardas a las empresas de terceros países que apuestan por Cuba.
(Tomado de PL)
Material Relacionado
