En otro acto extraterritorial y en otra pose de juez y verdugo, el Gobierno de Estados Unidos emitió una Orden Ejecutiva contra Venezuela que no solo agrede a la nación sudamericana, sino que también castiga y amenaza a terceros países.
En Washington la Casa Blanca daba a conocer el nuevo edicto antivenezolano, y en Lima el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, se encargaba de dar a conocer los pormenores de la orden, que resulta una franca violación al Derecho Internacional.
Mientras en la capital peruana se respiran los aires de confraternidad deportiva panamericana, Bolton intervenía en la llamada Conferencia Internacional por la Democracia, otro escenario que sirve de plataforma para atacar a la patria de Simón Bolívar y busca incentivar el retorno de la Doctrina Monroe.
«Lo más importante es que la orden ejecutiva también autoriza sanciones a personas extranjeras que provean apoyo o bienes o servicios a cualquier persona designada, incluyendo al Gobierno de Venezuela», detalló el halcón de la derecha estadounidense.
Ante un auditorio complaciente y doblegado, el representante de Trump acotó que la orden ejecutiva permite identificar e imponer sanciones a cualquiera que siga brindando respaldo al Gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro.
Estamos enviando una señal a terceras partes que quieran hacer negocios con el régimen de Maduro: «procedan con extremo cuidado, no hay necesidad de arriesgar sus intereses de negocios con Estados Unidos», amenazó John Bolton.
El documento firmado por Trump dispone el bloqueo de propiedades del Gobierno venezolano en jurisdicción estadounidense, incluyendo activos del Banco Central y de Petróleos de Venezuela.
Para las autoridades bolivarianas se trata de la formalización del bloqueo económico, comercial y financiero total de Washington contra Venezuela. Así lo considera un comunicado emitido por el canciller Jorge Arreaza, quien subraya que el propósito sigue siendo forzar un cambio constitucional en su país.
«El criminal bloqueo económico, financiero y comercial ya en marcha, ha ocasionado severas heridas en la sociedad venezolana durante los últimos años, y cuyo único objetivo es el de ahorcar al pueblo venezolano para forzar un cambio de Gobierno inconstitucional en el país», denunció Arreaza vía Twitter.
No es nueva la política de despojo en el accionar estadounidense contra la nación sudamericana. Antes Trump arrebató la empresa Citgo (filial en EE.UU. de Pdvsa. También robó activos financieros venezolanos y se los pasó a la oposición entreguista con la que pretenden hacerse en el poder del país con las mayores reservas petroleras del planeta.
Súmese además que Estados Unidos dispuso la ocupación de la embajada venezolana en Washington, a despecho de que la suya en Caracas está a buen resguardo de las autoridades constitucionales.
Llama la atención que la nueva arremetida ocurre cuando el Gobierno de Maduro y sectores de la oposición mantienen un diálogo político en Barbados con el acompañamiento de las autoridades de Noruega.
Todo parece indicar que Trump, Bolton y compañía apuestan por el fracaso de la vía negociada y ponen todo la pólvora a un atajo violento, en el que no se descarta la intervención armada, como lo ha puesto en claro el inquilino de la Casa Blanca.
Al decir de la Cancillería rusa, la orden ejecutiva resulta un acto de «terrorismo económico», mientras que el presidente Maduro ratificó el llamado a la unidad popular y cívico-militar para enfrentar esta nueva escalada de la agresión yanqui.
