De enero a mayo del presente año las secciones penales de la provincia de Pinar del Río procesaron un total de seis asuntos relacionados con el combustible.
En este sentido y dada la importancia de la racionalización, desde la alta dirección del país se ha incentivado la batalla contra el hurto y la apropiación indebida de los bienes estatales, con énfasis en el combustible.
Así lo reafirmó Liosbel Márquez García, presidente del Tribunal Provincial Popular de Pinar del Río: “Estamos implementando una política de rigor. Tiene que haber un escarmiento porque las personas tienen que sustraerse de cometer estos delitos, por lo cual buscamos un efecto no solo represivo, sino también educativo y preventivo”.
Uno de los hechos de mayor envergadura fue la causa 23/19. Según se demostró, siete operadores de equipos pesados pertenecientes a la unidad empresarial de base Servicios Técnicos, de la Empresa Agroindustrial de Los Palacios, se apropiaron de un total de 620 litros de petróleo.
Fueron sancionados a 10 meses de privación de libertad por el Tribunal Municipal Popular de Consolación del Sur. Los dos compradores del diésel cumplen un dictamen de un año de encierro por el delito de receptación continuada.
Según explicó Márquez García existe la orientación de mantener el rigor en otras materias jurídicas: “En materia laboral la medida disciplinaria inmediata debe ser la separación definitiva de la entidad. También hemos recibido la orientación del presidente del Tribunal Supremo de indagar en las posibles demandas que se interpongan en la sala civil, no sea que tras una reclamación económica se imponga un ilícito penal”.
En el contexto actual la lucha por la preservación de los recursos se impone como requisito indispensable para el sostenimiento e impulso económico del país. En ese empeño velar por el cumplimiento de las leyes, con mano férrea pero justa, deviene premisa para el Sistema de Tribunales Populares, que asume el reto de impartir justicia a partir del carácter correccional que la labor judicial supone.
