El presidente de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Juliá, aseguró este martes que el grupo hotelero mantiene su apuesta en Cuba y confía en que la controversia con Washington tenga una resolución que respete el derecho internacional.
De acuerdo con Prensa Latina (PL), puntualizó que a pesar de los “desencuentros con la administración norteamericana, que han sido también parte de la historia de Cuba, estoy seguro que esta nueva controversia tendrá una resolución respetuosa bajo los principios del derecho internacional”.
El presidente de Meliá Hotels International y fundador de la hotelera en Cuba rememoró la historia de la cadena en el país y “el profundo vínculo” que une a la compañía con la isla.
Afirmó que “nunca a lo largo de estos 31 años de historia” se arrepintió de haber apostado por su desarrollo turístico.
El jefe de la cadena mallorquina dijo que desde un principio Meliá tuvo muy clara la visión de lo que Cuba podría representar para el turismo vacacional.
“Nos encontramos con un país único, inimitable, con unos activos extraordinarios por su naturaleza y sus playas, su cultura, su patrimonio y algo tan importante para el turismo como es la seguridad y estabilidad”, subrayó.
Escarrer Juliá llamó la atención, en especial, sobre “la calidez y hospitalidad extraordinaria de su gente”.
Ante la junta de accionistas, celebrada hoy en la ciudad de Palma, el consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer Jaume, reconoció que el conflicto de Estados Unidos con Cuba ha afectado, sobre todo, a los hoteles urbanos.
Dijo que aunque el porcentaje de clientela norteamericana en sus establecimientos apenas llega al 3 %, las medidas “han impactado en una disminución de las tarifas y de la ocupación”.
No obstante, “llevamos 31 años lidiando con diferentes gobiernos tanto republicanos como demócratas y estamos orgullosos de haber contribuido al desarrollo del sector” en la isla, aseguró.
La llamada ley Helms-Burton, que codifica el bloqueo económico, comercial y financiero que Washington impuso hace casi seis décadas, está dirigida a fortalecer el cerco a nivel internacional y establecer un plan de transición y de injerencia en la nación caribeña.
El Título III de la ley, de marcado carácter extraterritorial, permite a cualquier ciudadano o empresas estadounidenses presentar demandas ante tribunales de ese país sobre propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución del 1 de enero de 1959.
(Con información de PL)
