Matanzas es nuestra, la patria también (+Fotos)

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Matanzas es nuestra, la patria también. Nadie no las quitará, manifestaron trabajadores de la sede del Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en predios yumurinos, al debatir el contenido de la perniciosa Ley Helms-Burton, instrumento jurídico que calificaron de extraterritorial y genocida.

Trabajadores contra la Helms-Burton
La exhaustiva explicación de Horacio despertó el interés de los presentes. Foto: Noryis

Horacio Rodríguez, al frente del grupo de Capacitación, inició el encuentro con una exhaustiva explicación de los antecedentes motivadores de la aprobación en marzo de 1996  de la denominada Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, su verdadero nombre, con lo que el Gobierno de los Estados Unidos legitimó aún más el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero en contra de Cuba.

El dirigente sindical aludió los nocivos impactos de una ley “fabricada con el propósito de intentar minar nuestra soberanía, nuestra independencia, y eso no lo vamos a permitir”, significó.

Sin embargo, acotó, no hay que llamarse a engaños, “ya estamos viendo las consecuencias de esta guerra económica. Las recientes medidas contra el turismo, así lo confirman. Quieren boicotear al turismo, porque saben lo que significa para nuestra nación”.

¿Cómo contener los efectos de la Helms-Burton desde nuestros puestos laborales? Varios de los participantes coincidieron en que la fórmula radica en dar el máximo desde donde nos corresponda.

Aprobada en marzo de 1996, la Ley Helms-Burton recrudece el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Foto: Noryis
Aprobada en marzo de 1996, la Ley Helms-Burton recrudece el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Foto: Noryis

Osmar Ramírez Ramírez, secretario general de la CTC en la provincia, llamó a los presentes a entender que “en manos de cada trabajador está justamente la  posibilidad de decirle a  Estados Unidos que con el odio y el garrote, no nos entendemos”.

Reflexionó sobre un hecho real: “Si cumplimos con el pedacito que nos toca en el día a día, si ahorramos, si usamos racionalmente los recursos, si somos disciplinados y cumplimos con la jornada laboral, si somos productivos y eficientes, estaremos ayudando al país a vencer en esta nueva guerra económica de los Estados Unidos contra nuestra nación.

“Estamos seguros que nadie nos arrebatará lo nuestro, lo que con tanto sacrificio nos legaron y que ahora nos toca mantener a nosotros”, sentenció.

El secretario general de la CTC en Matanzas llamó a mitigar los efectos de la Helms-Burton haciendo bien lo que a cada cual corresponde. Foto: Noryis
El secretario general de la CTC en Matanzas llamó a mitigar los efectos de la Helms-Burton haciendo bien lo que a cada cual corresponde. Foto: Noryis

Ramírez Ramírez convocó al movimiento sindical matancero a exigir en cada colectivo laboral por alcanzar los planes productivos y de servicios en una provincia de alta relevancia, por concentrar sectores estratégicos como el turismo, el petróleo, la agricultura y la generación eléctrica.

La Ley Helms-Burton fue concebida con el marcado propósito de internacionalizar y codificar las leyes del bloqueo, intimidar y desestimular la inversión extranjera directa y el comercio internacional, promover la subversión del orden interno y derrocar al Gobierno de la Mayor de las Antillas.

En sus letras, el Título III dice: “Protección de los derechos de propiedad de los nacionales estadounidenses”. Activado por el presidente Trump a partir del 2 de mayo del 2019, permite a los nacionales entablar procesos judiciales en las Cortes de los Estados Unidos contra toda persona o entidad extranjera que “trafique” con propiedades norteamericanas nacionalizadas por la Revolución cubana después del primero de enero de 1959.

Desde la misma fecha de aprobación de la Ley, en todos los gobiernos de Estados Unidos, incluido el de Trump (en el 2017 y 2018), se había suspendido cada seis meses las acciones legales impuestas por el Título III.

Diversos entendidos coinciden en que el documento viola el Derecho Internacional y la soberanía de otros Estados, al tiempo que admiten que esas acciones provocarían obstáculos insuperables para cualquier perspectiva de solución de las reclamaciones y compensaciones mutuas pendientes entre los gobiernos de los Estados Unidos.

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