Por Walter Frieiro Collazo, estudiante de Periodismo
La exhumación de los restos del dictador español Francisco Franco, prevista para el 10 de junio, será imposible luego de que el Tribunal Supremo (TS) la suspendiera por tiempo indefinido.
El plan para trasladarlo del Valle de los Caídos hacia el cementerio de El Pardo, en las afueras de Madrid, había sido aprobado por el Congreso de los Diputados de España, pero generó gran polémica en los círculos políticos y en la prensa.
El fallo del TS contrasta con la actitud asumida por el Gobierno, que entendía la acción como parte de la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, firmada el 26 de diciembre del año 2007, por el entonces mandatario José Luis Rodríguez Zapatero.
Tal legislación estableció medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista.
La decisión ha sido interpretada por algunos analistas como un golpe a la credibilidad del presidente Pedro Sánchez, quien luego de asumir el cargo, en junio del 2018, había anunciado que la exhumación de Franco ocurriría “lo más pronto posible”.
Esa idea fue reiterada por Sánchez durante la campaña a las elecciones generales efectuadas el 28 abril del 2019, en las que su partido, el PSOE, acaparó la mayor cantidad de votos.
No obstante, otros expertos afirman que la suspensión del traslado de Franco constituye una victoria para la ultraderecha ibérica. Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de la familia del caudillo, expresó a la televisión española que “con la decisión del tribunal se ha puesto en su sitio al Gobierno”.
En respuesta, el Ejecutivo defendió la esperanza de conseguir su propósito luego que TS pronosticara que la disputa legal podría resolverse en los próximos meses.
La exhumación de los restos de Franco, y su traslado a otro camposanto, lejos de la pompa del Valle de los Caídos, construido entre 1940 y 1958 para homenajear a las víctimas de la Guerra Civil Española, reflejó las marcadas referencias que existen entre las principales fuerzas políticas de la nación europea.
El ultraderechista Vox defiende el derecho de Franco a permanecer en el Valle. El Partido Popular (PP) afirma que el tema debe ser olvidado para no traer de vuelta el fantasma de la dictadura, opinión a la que se suma Albert Rivera, líder de Ciudadanos, quien señala que el sitio debería convertirse en un referente histórico, tal como está, más allá de posturas políticas.
En oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos, conducido por Pablo Iglesias, refieren que el caudillo no merece ningún homenaje y que sus restos deberían ser exhumados y trasladados del Mausoleo donde fue sepultado en noviembre de 1975.
Los restos de Francisco Franco fueron clocados en una basílica subterránea del Mausoleo ubicado en el Valle de los Caídos, camposanto del municipio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid.
El sitio fue concebido por el dictador para rendir honor y enterrar a aquellos que cayeron luchando en la Guerra Civil, calificada por él como “gloriosa cruzada”. No obstante, tal propósito fue modificado por el Decreto-Ley del 23 de agosto de 1957 que, inspirado en “el sentido de unidad y hermandad entre los españoles”, propuso que se convirtiera en un monumento a “todos” los caídos.
En el Valle de los Caídos reposan hoy cerca de 34 mil fallecidos, la gran mayoría juntos, sin distinción de republicanos o nacionalistas, en la que se considera la más grande fosa común de España, adonde llegan, cada año, cientos de miles de visitantes.