Por Aymara Massiel Matos Gil
La Mesa Directiva del Parlamento Latioamericano y Caribeño (Parlatino) adoptó un acuerdo en días recientes que ratifica la posición histórica de este órgano regional ante la Ley Helms-Burton.
Al referirse a la también conocida como ¨Ley de la libertad cubana y solidaridad democrática de 1996¨, en realidad Ley Garrote, el diputado cubano Rolando González Patricio, Secretario de Comisiones de ese organismo regional y miembro de la Mesa Directiva, comentó que ¨está dirigida a recrudecer e internacionalizar el bloqueo económico estadounidense contra la Isla para forzar un cambio de régimen¨.
El también vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular señaló que la Ley Helms-Burton es abiertamente violatoria del derecho a la autodeterminación de los pueblos y del principio de no intervención.
González Patricio agregó que, luego de ignorar la validez de las nacionalizaciones realizadas en Cuba después del primero de enero de 1959, reconocidas en su momento por la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Helms-Burton persigue intimidar por todos los medios posibles a los empresarios de otros países con el propósito de impedir las inversiones y el comercio internacional con Cuba.
El diputado, quien propuso la aprobación del acuerdo en la reunión de la Mesa Directiva, refirió que este organismo regional fue de los primeros en manifestar su rechazo al conocer sobre las intenciones del gobierno norteamericano.
Así se evidencia en el acta de la IV Reunión de la Comisión Asuntos Políticos del Parlatino, que tuvo lugar en Guatemala los días 18 y 19 de mayo del año 1995, donde se resolvió solicitar a la Junta y Mesa Directiva de este organismo ¨que plantee con toda energía ante el Congreso y Presidente de los Estados Unidos de América su rechazo al proyecto de ley propuesto por los congresistas Helms y Burton, (…) que atenta contra los principios más elementales de la convivencia y del derecho internacionales.¨
Recuerda el legislador cubano que, días antes de su promulgación, una resolución del Parlamento Latioamericano y Caribeño instó a todos los Estados del continente y a sus Congresos a manifestarse en contra, ya que “por su carácter extraterritorial es violatoria del derecho internacional, de la libertad de comercio y de las relaciones de paz y amistad que imperan entre los pueblosde la región latinoamericana”.
El diputado asegura que desde 1997 este asunto reaparece en la agenda de los órganos del Parlatino.
