Lidereadas por el movimiento sindical, en los centros laborales cubanos se ejecutan diferentes acciones que contribuyen a desentrañar el carácter injerencista de la Ley Helms-Burton y dan argumentos para denunciar sus intenciones de asfixiar a la economía cubana y generar obstáculos a los programas de desarrollo del país.
Y en Las Tunas los encuentros devienen escenarios para la reflexión colectiva sobre ese engendro jurídico violatorio del derecho internacional, que devela las ansias hegemónicas del imperio y sus empecinados propósitos de derrotar la Revolución cubana, que desde el primero de enero de 1959 dignifica los derechos humanos de todo el pueblo.
Los pronunciamientos son de rechazo total, como lo hicieron representantes de los más de 15 mil afiliados del sector agropecuario, forestal y tabacalero, quienes reconocieron que el trabajo es una herramienta insustituible para paliar el impacto de esta ley genocida y en los campos hay reservas que sirven de antídoto.
Según declaró Alberto Zaldívar Almaguer, secretario general del buró provincial de esa organización obrera, la respuesta a la Ley Helms-Burton es “el compromiso consciente de redoblar los esfuerzos en aras de elevar los rendimientos de las bases productivas y aprovechar mejor los avances de la ciencia y la técnica en la producción de alimentos”.
Esa es la convicción que prevalece en todas las ramas y todavía con más énfasis en centros legalmente nacionalizados por el Gobierno revolucionario y que hoy están dedicados a la atención médica, la enseñanza y a producciones y servicios que impactan positivamente en el nivel de vida del pueblo.
En tal sentido continuarán el estudio y las denuncias en los espacios tradicionales como asambleas, plenarias, reuniones, activos sindicales, conferencias, y en matutinos, vespertinos y mítines.
