Las reservas en la planificación, el comportamiento del empleo y los salarios, así como la disciplina tributaria y las inquietudes del sector no estatal, fueron algunos de los temas debatidos en la sesión vespertina de este sábado entre delegados e invitados al XXI Congreso de la CTC.
Margarita González, ministra de Trabajo y Seguridad Social, detalló los principales indicadores del empleo y los salarios en el país, con más de 4 millones 400 mil ocupados y una tasa de desocupación del 1,7%.
El incremento del sector no estatal, con más de un millón 400 mil trabajadores; el tratamiento del personal disponible y la situación de los más de 42 mil interruptos hasta marzo de 2019, fue parte de la explicación de la Ministra, quien enumeró dificultades como la fluctuación laboral, las plantillas infladas, la pérdida de fuerza de trabajo calificada y el impacto negativo de los salarios insuficientes.
González explicó la evolución de los sistemas de pago por resultados, las deficiencias en su aplicación y el incremento del salario medio, las pensiones y los gastos en seguridad social, así como la situación de la justicia laboral y las inspecciones del trabajo.
Los delegados plantearon los problemas existentes en la planificación, al vincular el cumplimiento de planes a los ingresos y distribución de utilidades, así como la falta de un mercado mayorista para el sector no estatal, y de especialistas en organización y normación del trabajo.
Entre el 2014 y el 2018 la productividad creció un 35%, mientras que el salario medio lo hizo en un 45%, acotó el delegado Luis Manuel Castanedo, quien abogó porque el movimiento sindical se ocupe de los ingresos de los trabajadores y también de defender en primer lugar la Revolución.
Marino Murillo, jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos; Alejandro Gil, ministro de Economía y Planificación, y Meisi Bolaños, titular de Finanzas y Precios respondieron también a las inquietudes de los delegados, en cuanto a buscar indicadores salariales sobre la base de crear más riquezas, mejorar el coeficiente de disponibilidad técnica del equipamiento antes de aprobar nuevas inversiones y la aplicación más personalizada del sistema tributario para los trabajadores por cuenta propia, entre otras cuestiones.
