A través del Título III, un mecanismo que muestra el carácter extaterritorial del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington contra el país caribeño hace casi 60 años, nacionales de Estados Unidos tendrían posibilidades de llevar a la cortes a quienes ‘trafiquen’ con ‘propiedades norteamericanas’ en Cuba.
Ello incluye la posibilidad de iniciar una demanda contra aquellas personas de terceros países que inviertan en el territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959.
Incluso, en lo que es visto como una contradicción con el derecho internacional, ese acápite otorga autoridad de reclamantes a cubanoamericanos que eran ciudadanos cubanos en el momento en que las propiedades fueron nacionalizadas.
Dados los perjuicios que implicaría esa parte de la ley aprobada en 1996, no solo para Cuba, sino para Estados Unidos y aliados de esta nación como la Unión Europea y Canadá, los predecesores de Trump desde William Clinton (1993-2001) evitaron su puesta en práctica con suspensiones que se prorrogaban cada seis meses.
La actual administración, sin embargo, anunció en enero que solo prolongaría la suspensión por 45 días, y en marzo hizo lo mismo por un plazo de 30, pero en ese caso dijo que a partir del 19 de ese mes admitiría la presentación de demandas judiciales contra más de 200 empresas cubanas incluidas en una lista unilateral de sanciones.
De acuerdo con los reportes de este martes, la puesta en marcha de ese apartado será abordado mañana por el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, quien pronunciará un discurso en Miami, Florida, ante la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos (Brigada 2506).
La alocución de Bolton coincide con la fecha en la que esa organización mercenaria comenzó la invasión por Playa Girón, en la occidental provincia cubana de Matanzas, la cual fue derrotada por las fuerzas revolucionarias de la isla tras 60 horas de combates.
Allí se espera que el consejero de Trump anuncie otras medidas contra la nación antillana, así como contra Nicaragua y Venezuela.
Precisamente el apoyo de Cuba a esta última nación y a su presidente constitucional, Nicolás Maduro, es esgrimido como justificación por Washington para seguir adelante con el Título III, cuando el Gobierno norteamericano trata de sacar del poder al mandatario venezolano.