La ley Helms-Burton es la legislación más amplia y compleja elaborada por Estados Unidos contra otro país, afirmó Carlos Fernández de Cossío, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), ante los diputados que integran la comisión de Relaciones Internacionales en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Fernández de Cossío, diplomático de larga carrera que hoy se desempeña como director general para Estados Unidos del Minrex, explicó los impactos de la también llamada Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana, firmada el 12 de marzo de 1996 por el entonces presidente Bill Clinton, y sostuvo la necesidad de que el pueblo cubano y el mundo conozcan la esencia injerencista y colonialista del articulado.
El Título II es revelador pues, entre otras normativas, establece la potestad del presidente de EE.UU. para nombrar un Administrador/Interventor y un Gobierno de Transición en Cuba que se encargaría de las devoluciones y compensaciones a los propietarios afectados por las confiscaciones y nacionalizaciones de los primeros años del triunfo de la Revolución.
En aparte con la prensa, Fernández de Cossío explicó que los supuestos derechos de los reclamantes son apenas un pretexto pues, “en el fondo, el propósito de la ley es atar las manos de cualquier Gobierno de los EE.UU. ante la posibilidad, deseo o voluntad futura de avanzar hacia una mejor relación entre los dos países”.
La Helms-Burton descansa en grandes mentiras, comentó. La primera es que Cuba constituye una amenaza a la seguridad nacional de los EE.UU. y que las nacionalizaciones fueron ilegales e indebidas. Un tercer engaño es que “los reclamantes estadunidenses no fueron compensados por culpa de la Revolución Cubana”.
Todo el que ha estudiado el proceso de nacionalizaciones en Cuba conoce que estuvo amparado por leyes inspiradas en la Constitución de 1940, sostuvo el diplomático, las cuales además respondían a una necesidad del desarrollo del país, anhelo de la población cubana que demandaba transformaciones sustanciales imposibles de llevar a cabo sin ellas.
Los únicos que no pudieron ser compensados fueron los propietarios de EE.UU. —afirmó— y fue por culpa de su Gobierno, pues se negó a negociar con Cuba, que hizo una propuesta realista, ajustada a las posibilidades de la economía cubana de ese momento y en total consonancia con la práctica del derecho internacional.
Acerca del incremento del lenguaje agresivo empleado contra Cuba en los últimos meses, Fernández de Cossío reflexionó que “existen en el Gobierno de los EE.UU. un grupo de personajes influyentes, algunos de ellos con antecedentes penales, convictos de los tribunales de ese país, que tienen una agenda deliberadamente hostil contra Cuba. Ellos no representan el sentimiento mayoritario del pueblo de los EE.UU. ni de los cubanos que viven allí que durante años empujaron el avance hacia unas mejores relaciones entre los dos países.
Estas personas tienen una influencia desproporcionada sobre el actual Gobierno, dijo, y en un escenario donde prácticamente todo el que tenía alguna experiencia ha abandonado la Administración, lograron convencer al presidente (Donald Trump) para provocar un cambio de rumbo, hostil, hacia Cuba y América Latina.
Vale recordar que esas personas son las mismas que reclaman la reedición de la Doctrina Monroe para la región, añadiéndole el componente macartista de denunciar el socialismo como ideología inaceptable en su país o en el hemisferio occidental, aseguró.
La ley Helms-Burton es peligrosa por su capacidad para anteponer obstáculos muy difíciles de superar en cualquier intento futuro de mejorar las relaciones entre los dos países. El capítulo II es el único que no se está aplicando, porque entrañaría el derrocamiento de la Revolución y eso es algo que los cubanos nunca vamos a permitir, el resto está vigente desde 1996, certificó.
La estrategia del Gobierno cubano es denunciar la Helms-Burton, llamar la atención, dentro y fuera de Cuba, de aquellos que no la conocieron cuando se promulgó, o la han olvidado. También alertar a todos aquellos sectores, dentro de Estados Unidos, aún comprometidos con mejorar las relaciones con Cuba, de que están imposibilitados de hacerlo debido a una ley de su propio país que se los impide, concluyó.
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