Luiz Inácio Lula da Silva cumplió este domingo un año de injusta prisión. Fue acusado, y condenado, por un crimen que nunca existió. El tiempo ha confirmado lo que muchos denunciaron: Lula es un preso político.
Tales argumentos fueron explicados por el propio líder brasileño en un artículo publicado en el diario Folha de S.Paulo y replicado por otros importantes medios del mundo: “Para imponer un juicio de excepción, rompieron los límites de la ley y de la Constitución, debilitando la democracia. Los derechos del pueblo y de la ciudadanía han sido revocados, mientras imponen el ajuste de los salarios, la precarización del empleo y el alza del costo de vida”, apuntó Da Silva.
“En 12 años, creamos 20 millones de empleos, sacamos a 32 millones de personas de la miseria, multiplicamos el PIB por cinco. Abrimos la universidad para millones de excluidos. Vencimos el hambre. Ese modelo fue y es intolerable para una capa privilegiada y prejuiciosa de la sociedad”, recalcó.
“¿Por qué tienen tanto miedo de Lula libre, si ya alcanzaron el objetivo que era impedir mi elección, si no hay nada que sostenga esa prisión?, se preguntó el jefe de Estado de Brasil entre el 2003 y el 2011. “En realidad, a lo que temen es la organización del pueblo que se identifica con nuestro proyecto de país”, explicó.
“No encontraron nada para incriminarme: ni conversaciones con delincuentes, ni bolsos de dinero, ni cuentas en el exterior. A pesar de todo, fui condenado en tiempo récord”, denunció Lula.
El exsindicalista permanece en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, desde el 7 de abril del 2018, donde cumple la pena de 12 años por hipotéticos hechos de corrupción. En febrero fue objeto de una segunda condena, esta vez a 12 años y 11 meses.
Como parte de su estrategia, los abogados defensores de Lula, solicitaron una audiencia que evaluaría si la prisión de Lula es constitucional o no, la cual estaba prevista para el venidero 10 de abril. Al presumir que el veredicto podría beneficiar al expresidente, el Consejo de la Orden de los Abogados de Brasil (COAB) pidió su aplazamiento indefinido, y el Supremo Tribunal Federal (STF) accedió.
Al respecto el exministro de Justicia Eugenio Aragão comentó: “Desgraciadamente, vivimos en un país sin ninguna seguridad jurídica”. Otros abogados evaluaron que la decisión del STF añadió un nuevo capítulo a las artimañas para entorpecer la defensa de Lula contra la sentencia del exjuez que lo condenó, Sergio Moro, actual ministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro.
En la mañana del sábado la caravana Lula Libre salió de Porto Alegre, principal ciudad del estado de Río Grande del Sur, con miles de personas. Este domingo llegó a Curitiba. En un acto realizado en Florianópolis, el excandidato presidencial Fernando Haddad afirmó que Moro “transformó el juicio de Lula en una cuestión personal y no de derecho”.
La Caravana forma parte de las acciones de la Jornada Internacional Lula Libre auspiciada por el Comité de Solidaridad Internacional en Defensa de Lula y de la Democracia en Brasil. En ella se ha convocado a la comunidad internacional —gobiernos, organizaciones sindicales, sociales y populares, colectivos, activistas, artistas, intelectuales, religiosos, periodistas, políticos, entre otros— a organizar y participar en actos y manifestaciones solidarias entre los días 4 y 10 de abril de 2019 para exigir la libertad del líder fundador del PT y defender la preservación de la democracia en Brasil. | RI con información de PL
