El próximo miércoles en Cuba seremos testigos de un acontecimiento que no todas las generaciones cuentan con la oportunidad de experimentar: la proclamación de una nueva Constitución en nuestro país.
Esta sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular que convocara el Consejo de Estado, es un paso con implicaciones jurídicas, por supuesto, pero también de un enorme significado simbólico y una gran carga emotiva para el pueblo.
La propia fecha ya de por sí coincide con dos efemérides que enlazan nuestro legado independentista con apego al Derecho, a 150 años de que con la Constitución de Guáimaro en 1869 naciera formalmente la nación como República en Armas; y la herencia política del consenso martiano, cuya máxima expresión fuera la fundación en 1892 del Partido Revolucionario Cubano.
La nueva Constitución de la República de Cuba es, además, el resultado de un inédito proceso de consulta popular que convirtió a millones de cubanas y cubanos en fuerza constituyente, y que tuvo como colofón el contundente respaldo en las urnas, en el Referendo Constitucional del 24 de febrero último, con el 86,85 % de los votos por la opción del Sí.
La solemnidad de la ocasión tiene que dejarnos también a la vista que esta nueva Carta Magna representa otro punto de partida para la renovación y continuidad de la Revolución cubana. Y aquí el mensaje involucra mucho más que alegorías y paralelos históricos: hablamos de trabajo concreto, y abundante.
Hace unas semanas, el propio Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, pronosticaba un intenso trabajo legislativo para los próximos años, al afirmar que se estima en medio centenar las leyes necesarias para complementar la nueva Constitución.
Un buen ejemplo de estas implicaciones prácticas resultó el debate que por estos días sostuvieron integrantes de nuestro Parlamento en reuniones de trabajo por regiones del país, a propósito de los proyectos de Ley de Símbolos Nacionales y de Pesca.
Aunque estos dos cuerpos legales no se vinculan directamente con los cambios en la Carta Magna, este proceso de consulta con parlamentarios, especialistas y población en general muestran la fórmula de una metodología de trabajo que, sin duda, volveremos a ver en lo adelante en múltiples ocasiones, con las variantes que cada Ley demande.
Asimismo la publicación de ambas propuestas de ley en el sitio web oficial de la Asamblea Nacional del Poder Popular facilitó su estudio por especialistas, representantes de organismos e instituciones involucradas, claustros universitarios, organizaciones estudiantiles y profesionales, integrantes de los consejos populares y gobiernos municipales y provinciales, y también de la ciudadanía en general.
Como rasgo novedoso, sobresale que el proyecto de Ley de Símbolos Nacionales es el primero que presenta al Parlamento una de sus comisiones permanentes de trabajo, en específico la de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.
Este es un modo de hacer que definitivamente deberá continuar en lo adelante, incluido el empleo de las posibilidades que brinda nuestra Constitución en cuanto al ejercicio de la iniciativa legislativa, lo cual será imprescindible para conseguir plasmar en políticas públicas y sus normas jurídicas correspondientes, todas las potencialidades y sueños de justicia social que incorporamos a la letra de nuestra nueva Ley de leyes.
En esa importante etapa legislativa, según apunta la reciente Convocatoria al Primero de Mayo de la CTC y los Sindicatos Nacionales, el movimiento sindical y sus organizaciones de base tendrán un papel protagónico, como parte de su ejercicio de representación de los trabajadores.
En lo adelante, “constituir” será igualmente mucho más que refrendar con la mayor democracia posible todas esas legislaciones cada vez más innovadoras, integrales y emancipadoras: lo decisivo resultará implementarlas y exigir su cumplimiento mediante la participación ciudadana y el control popular, para lograr ese socialismo más próspero y sostenible al cual aspiramos como sociedad.
