El 11 de febrero publicamos, con el título Víctima sin solución, la queja planteada por Nuris Piña Torres, quien cuestionaba por el monto de responsabilidad civil fijada a su favor al haber sido perjudicada de un hurto, que consideraba por debajo de la real afectación económica.
Ahora recibimos la respuesta de Rafael Ángel Soler López, fiscal jefe de la Dirección de Atención a los Ciudadanos, quien explica que “se creó un equipo para investigar lo expuesto. Se entrevistó a la promovente y a los fiscales que tramitaron el asunto y los antecedentes.
“Se comprobó que el fiscal al formular su acusación al Tribunal describió los bienes sustraídos con su valor, los recuperados y de manera errada estableció como afectación 695 CUP, lo que no correspondía con la real que era de mil 400 CUP”.
Agrega que “no fue correcta la orientación brindada a la promovente en la Fiscalía Municipal, de solicitar la promoción de un procedimiento de revisión contra la sentencia, pues la solución del mencionado error no es viable a través de esa vía. Ello dio lugar a que se le denegara por parte de la Fiscalía Provincial de La Habana”.
La Fiscalía realizó el análisis de los hechos y “la responsabilidad de los fiscales actuantes, así como de los cuadros que debieron advertir la actuación incorrecta y el inadecuado tratamiento al asunto y adoptó las medidas correspondientes para evitar que se reiteren situaciones como la descrita”.
Se conoció que el 28 de febrero el Tribunal Municipal Popular del Cerro, a instancias del Tribunal Supremo Popular, dictó de oficio autoaclaratorio de sentencia, para rectificar la responsabilidad civil y la fijó en mil 400 CUP, como expresara la perjudicada en la fase preparatoria.
En fin, la demandante tuvo la solución que estableció la justicia.
