Por Orlando Oramas León
El diálogo parece abrirse paso en Nicaragua, luego del intento de golpe de Estado que inició en abril pasado y fue seguido por presiones y sanciones de Estados Unidos contra el gobierno constitucional de ese país.
Se trata de una nueva etapa en las conversaciones entre partes encontradas, ahora bajo la denominación del Encuentro por el Entendimiento y la Paz en Nicaragua, el país de más extensa geografía en Centroamérica y que había gozado de estabilidad social bajo el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional que preside Daniel Ortega.
Aunque en su fase inicial, las pláticas consiguieron acuerdos en cómo se tomarán las decisiones, horario de reuniones, política de comunicación y divulgación, la naturaleza de los acuerdos alcanzados y aspectos de logística.
Ello lo consigna un documento, el cual subraya que la hoja de ruta contiene las reglas o normativas para regir la negociación. También refiere el compromiso de los participantes para llevarlas a buen puerto, lo cual podría ser un valladar contra la violencia de grupos extremos que enlutaron al pueblo nicaragüense el año anterior.
Los negociadores decidieron reunirse de lunes a viernes a puertas cerradas. Ahora quedaron fuera las cámaras de televisión con transmisión en directo que fueron aprovechadas antes por quienes pretendían boicotear el camino del diálogo y atizar los enfrentamientos en las calles del país.
En este nuevo formato las delegaciones tanto del Gobierno de Reconciliación y de Unidad Nacional, como se define, y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que reúne a varias organizaciones patronales y políticas, acuden con delegaciones más reducidas.
Como testigos actúan el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes.
La delegación gubernamental la integran el canciller Denis Moncada y los diputados Edwin Castro, José Figueroa y Wilfredo Navarro, el magistrado judicial Francisco Rosales, y el dirigente estudiantil Luis Andino.
Por su parte la llamada Alianza Cívica es encabezada por el académico y antiguo embajador en Estados Unidos Carlos Tünnermann, y también la integran los presidentes de las dos principales patronales de Nicaragua, José Adán Aguerri y Mario Arana.
En este escenario netamente nicaragüense la Organización de Estados Americanos (OEA) pretende meter las manos. Su secretario general, Luis Almagro, abiertamente opositor al gobierno legítimo de la nación centroamericana, ofrece ese ministerio de colonias de Estados Unidos como “garante” del diálogo.
Una paradoja la de Almagro, cuando el Consejo Permanente de la OEA comenzó a aplicar contra las autoridades de Nicaragua la Carta Democrática Interamericana, todo un glosario de amenazas y sanciones que podrían terminar con la suspensión del Estado nicaragüense del organismo panamericano.
Las pláticas, por tanto, no están exentas de la injerencia e influencia foráneas, que se repiten en los actores y presiones contra Venezuela y Cuba, como ha subrayado recientemente el asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton.
Como gesto de buena voluntad, el gobierno del presidente Ortega dio casa por cárcel a un centenar de personas que fueron procesadas por actos violentos durante la intentona golpista.
La Alianza, a su vez, exige la liberación de todos los detenidos por tales cargos, además de reclamar reformas electorales y otras exigencias que están por discutirse.
En este contexto, tuvieron lugar las elecciones regionales en las que el FSLN recibió una contundente mayoría de votos en las regiones autónomas de las costas Caribe Norte y Sur, según datos del el Consejo Supremo Electoral (CSE).
Los comicios fueron para elegir a 90 concejales y se desarrollaron en un clima de tranquilidad ciudadana, el mismo que se aspira para todo el país en las negociaciones que transcurren en las afueras de Managua.
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