La jubilada Nuris Piña Torres fue víctima de un robo y ha realizado infructuosamente, y por cuatro años, múltiples gestiones para recuperar su dinero.
Vecina de Tamarindo no. 66, Santos Suárez, La Habana, ella nos escribe e informa que “en agosto del 2015 me sustrajeron la cartera en el interior del auto en que viajaba”.
Hizo la denuncia en la Estación de Policía del Cerro. Un mes después “recibí en el Banco Metropolitano la nueva tarjeta magnética. Faltaba dinero”.
Y es que el mismo día del hurto los malhechores habían extraído mil 400 pesos, pero no se percataron de que la “cámara del cajero automático había captado sus rostros”.
Agrega que se llevó a cabo “el juicio en la Sección Penal Especial del Tribunal Municipal del Cerro. La presidenta me preguntó si deseaba ser indemnizada y respondí afirmativamente, aunque no se mencionó por cuánto y no entendí que fuera necesario”.
Cuando recibió el modelo para presentar en la Caja de Resarcimiento y se dio cuenta de que la cifra era menor que la hurtada, le orientaron que fuera al Tribunal para arreglar el error, donde le informaron que la cantidad había sido fijada por el fiscal.
En la Fiscalía del Cerro “me pidieron llevar por escrito mi pretensión y que esperara la respuesta. Aunque me afirmaron que lo reclamado era correcto, señalaron que el fiscal ya no estaba en ese lugar”. Entonces le sugirieron que se presentara en Atención a la Ciudadanía de la Fiscalía Provincial, y en la segunda ocasión que fue, le orientaron ir a la Caja de Resarcimiento y que explicara que su caso estaba en trámite para rectificar error.
En la tercera visita, “en la Fiscalía Provincial me entregaron por escrito lo siguiente: que el pago de cuantía no es causa de revisión de sentencia y, de insistir en mis pretensiones, me dirigiera al Ministerio de Justicia”.
Así lo hizo y entregó su escrito registrado con entrada 1434/2017, y en diciembre del 2017 recibió la respuesta de volver al Tribunal que dictó sentencia para corregir la cifra.
Después de otras gestiones en la Fiscalía del Cerro, esta instancia envió escrito al Tribunal donde se celebró el juicio. En conversación con el nuevo presidente, en enero del presente año, “este, muy amablemente me explicó que no podía hacer nada. Que buscara la asesoría letrada en un bufete colectivo”.
Dice Nuris que no lo hará, porque “¿hasta cuándo debo seguir trasladándome a los lugares que me orientan, hacer escritos, pagar fotocopias, transportes, los servicios letrados y seguir expectante por casi cuatro años de pesadilla sin solución, y peor aún, con el agravante de mis 72 años?”.
