Los domingos el mercado de Bonachea es un hervidero de gente que busca productos agropecuarios, pesqueros y cárnicos que alivien el ajetreo del resto de la semana y, por su ubicación, es sitio casi obligado para los habitantes de una vasta zona residencial en Las Tunas, de los repartos Primero, Casa Piedra, Santos, Buena Vista y Aeropuerto.
Cada jornada dominical se convierte en escenario en el que confluyen, además de los necesitados, diversas formas productivas, estatales y no estatales, y un gran número de intermediarios, autorizados o no, esos personajes “sacrificados” que burlando leyes, resoluciones y normas “luchan” mercancías en otros territorios sin importarles ni las distancias, ni los costos, porque las ventas, a precios desorbitantes, justifican la inversión.
Aunque este relato es del pasado domingo 27 de enero, en sus áreas siempre hay tema para emborronar cuartillas sobre los más polémicos asuntos que se debaten en la agenda pública actual de los tuneros, en especial los relacionados con los altos precios y la manera en que los vendedores argumentan su proceder; la forma de enmascarar las ganancias; la actuación de los inspectores y muchas etcéteras.
Ese día, al filo de las 10 A.M, ya las naves que ofertan alimentos procedentes de la pesca y los cárnicos habían agotado sus ventas; mientras, las que comercializaban bienes agropecuarios exhibían una pálida oferta: algunas latas de conserva y condimentos.
Al mismo tiempo, en el amplio patio de la instalación los intermediarios en sus tarimas brindaban tomates, boniatos, ajos, cebollas, cilantros,… y yucas, que distingo con negritas, a pesar de que eran blancas, porque me llamó la atención el pedazo de cartón, en el cual podía apreciarse cómo, ante la presencia de los inspectores integrales, habían trazado un cinco encima del dos que definía el costo inicial aparentemente no declarado, en consciente y calculada burla al fisco y, por supuesto, al consumidor.
En ese y otros establecimientos similares es común que las etiquetas que anuncian el valor desinformen, pues podemos encontrar, como he visto, notificaciones, por ejemplo, de pata de cebollas a 20 pesos y cuando entusiastamente llegas al expendedor este aclara, “no, es a 40. El de la tablilla es el declarado”. Huelgan los comentarios.
¡Ah, los inspectores! En estos hay un contrasentido evidente. Cuando ellos no están las personas se sienten desamparadas ante los abusivos precios de muchas mercancías que constituyen elementos imprescindibles en la dieta de hoy, y también por otros desmanes muy comunes en estos escenarios.
Pero, cuando aparecen para defender la ley y, por supuesto, a los compradores, no son pocos los cuestionamientos: “¡que si interrumpen las ventas!”, “¡qué si no dejan vivir a los ´luchadores´!”, ¡qué si ahuyentan esos ´salvadores´!” y otras infundadas críticas. ¿Y entonces qué?
Es cierto, la tolerancia sienta las bases del caos y la impunidad, pero ante el irrespeto a la ley hay que imponer el orden y la legalidad, transgredidos y a la vez estimulados por las carencias y la inoperatividad de las instituciones encargadas de garantizar el acopio, distribución y comercialización de esas producciones.
