El presidente Ronald Reagan, dando continuidad a las ideas expansionistas y de superioridad declaradas desde el siglo XVIII por los padres fundadores de los Estados Unidos, dijo en febrero de1982, durante un discurso ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que su país estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para defender sus intereses vitales en la Cuenca del Caribe.
Más tarde, en el documento Santa Fe IV del año 2000, se plantea que Venezuela es uno de los países productores de petróleo más importantes del mundo. Destaca Abel González Santamaría, en su libro La Gran Estrategia (editorial Capitán San Luis, 2013) que el tratamiento que se le confiere al mandatario venezolano Hugo Chávez “estuvo dirigido a presentarlo como un obstáculo para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en el Hemisferio (…) se infiere que debe ser limitado y enfrentado por todos los medios posibles (…) durante más de medio siglo, Venezuela ha sido fuente importante de petróleo para Estados Unidos”.
Como parte de ese devenir, el pasado 23 de enero el diputado por el partido Voluntad Popular, Juan Guaidó, violando la Constitución que presume defender, se autoproclamó “presidente encargado” de Venezuela, en una maniobra acompañada con focos de vandalismos y una campaña en algunos medios de comunicación que se prestaron para la propaganda con apoyo de las redes sociales.
Vale aclarar que este personaje (Guaidó), a los efectos legales, tampoco es presidente de la Asamblea Nacional, pues esa estructura entró en desacato judicial desde julio del 2016, cuando la encabezaba el derechista Henry Ramos Allup.
Washington reconoció de inmediato a Guaidó, seguido por el Consejo permanente de la OEA aunque no todos sus miembros. También dio su aprobación el Parlamento Europeo, considerándolo paso simbólico para presionar al presidente Nicolás Maduro, quien fue legítimamente reelecto el 20 de mayo del 2018, cuando obtuvo más de 5 millones de votos (el 67,7 %) en unos comicios que habían sido aprobados, incluso, por los candidatos opositores. Ese nuevo mandato comenzó el pasado 10 de enero del 2019 y debe concluir en el 2025.
Días después de la autoproclamación de Guaidó, comenzó otro espectáculo del planificado show, organismos y numerosos medios de comunicación internacionales denunciaron la detención, por cuerpos de seguridad, de representantes de la prensa extranjera que ejercían labores periodísticas.
La agencia AFP, publicó que dos periodistas franceses, dos colombianos y un español permanecían detenidos, y que dos chilenos habían sido deportados el miércoles 30 tras permanecer 14 horas bajo custodia. La página web Sputniknews, informó que ese mismo día fueron liberados los reporteros de la agencia española EFE y que se encontraban en proceso de deportación.
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó la manipulación mediática de la realidad con el objetivo de armar escándalo. Denunció el ingreso de corresponsales extranjeros sin cumplir previamente con la solicitud del permiso de trabajo en los consulados venezolanos. Explicó que abusaron de su condición de turistas para efectuar reportajes, incluso cerca del Palacio de Miraflores.
Colombia pidió la liberación inmediata de los periodistas. El Gobierno español rechazó la detención de los miembros de EFE. La Unión Europea exigió la puesta en libertad de los corresponsales, igual que el Ejecutivo chileno. Tampoco faltaron organizaciones supuestamente defensoras de los derechos de profesionales de la prensa y la información como Reporteros Sin Fronteras.
La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, Tania Díaz, exhortó a permanecer alerta ante la oleada de noticias falsas que se están difundiendo en las redes sociales como parte de la guerra mediática y psicológica contra su país. Mientras que el canciller Arreaza ratificó que Washington coordina los planes desestabilizadores apoyados por políticos opositores venezolanos.
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