“El pueblo de Venezuela merece vivir en libertad, en una sociedad democrática gobernada por la ley —ha dicho este sábado Robert Palladino, vocero del Departamento de Estado de EE. UU. —, es hora de comenzar la transición ordenada a un nuevo Gobierno. Apoyamos la petición de la Asamblea Nacional para que todos los venezolanos trabajen unidos, pacíficamente, para restaurar un Gobierno constitucional y crear un mejor futuro”.
Los comentarios acompañaron un comunicado publicado desde Abu Dabi, donde se encontraba este fin de semana el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien realiza una gira por nueve países del el Medio Oriente: “El Gobierno de EE. UU. continuará utilizando todo el peso de la economía y diplomacia estadounidense para presionar por la restauración de la democracia en Venezuela”, dijo.
Pompeo se ha mantenido al habla con el venezolano Juan Guaidó (ambos lo han reconocido públicamente), actual líder de la Asamblea Nacional en desacato, quien anunció el pasado viernes estar listo para asumir la presidencia de su país “temporalmente en reemplazo a Maduro”. El anuncio fue apoyado inmediatamente por Luis Almagro, desde la Organización de Estados Americanos (OEA), y por el Gobierno de Brasil.
Tales acciones tienen como pretexto obstaculizar el nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro Moros, quien representa la continuidad de la revolución bolivariana iniciada por Hugo Chávez, pero no es más que un nuevo show en la guerra mediática y multisectorial decretada contra Venezuela, entre otras razones, por el ejemplo disidente que esta ofrece al mundo.
No se puede negar el éxito alcanzado por algunos de los métodos empleados por EE. UU. contra las administraciones progresistas de la región y una de las guindas de ese pastel de triunfo es, sin duda, el llamado Grupo de Lima (GL), iniciativa peruana a la que se sumaron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.
¿Qué fue del padre de la criatura?
“El Gobierno de Perú históricamente no se había metido nunca con la vida de sus países vecinos. Además, los peruanos tradicionalmente hemos sido beneficiados de la ayuda humanitaria de esas naciones”, aseveró el académico y economista peruano Óscar Ugarteche, titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam).
No obstante, luego de un proceso de presiones de orden diverso, se dieron cita en Lima (8 de agosto del 2017) cancilleres de varios Estados de la región y rubricaron allí una primera declaración, que también contó con el apoyo de representantes de EE. UU., la Unión Europea y, por supuesto, la OEA.
El protagónico se le anotó al octogenario y entonces presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien trascenderá, al menos para una parte del mundo, por dos grandes pecados: el imperdonable “indulto humanitario y derecho de gracia” concedido al expresidente Alberto Fujimori, y por la creación del GL, con lo cual rompió la tradición de política exterior, de Perú y de otros en el área, de considerar la no injerencia en los asuntos internos de otras naciones como un principio inviolable.
Desde su primera declaración a la fecha, el GL se ha alejado cada vez más del supuesto propósito fundacional (promover una solución democrática para Venezuela), y ha avivado la llama de la crisis económica, la migración irregular, y hasta de una potencial guerra civil dentro de la patria bolivariana.
Del escenario que inicialmente acogió la idea, y de su titular ante las cámaras, vale recordar que el beneficio concedido a Fujimori murió 10 meses después, anulado por el Poder Judicial peruano que hoy evalúa el reingreso del convicto a la cárcel luego de permanecer varios meses en un hospital por supuestos problemas de salud. A PPK, por su parte, se le ha negado el permiso de salida del país ante sospechas de que su real intención es eludir el proceso legal que, por corrupción y otros delitos, se lleva contra él.
El más reciente show
El pasado 4 de enero el GL emitió una nueva declaración, quizás la más errática de todas, en las que reiteró “que el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo del 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente”. En consecuencia, desconocen “la legitimidad del nuevo período presidencial del régimen de Nicolás Maduro”.
El texto conserva ese tono injerencista de principio a fin, habla de “elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia”; y no descarta congelar activos en el exterior de entidades relacionadas con la administración venezolana, lo cual los sintoniza con las sanciones impuestas desde EE. UU. contra intereses estratégicos venezolanos, y que, según declaraciones del Gobierno Bolivariano, han costado al país unos 20 mil millones de dólares apenas en el último año.
El punto más polémico del documento fue el 9, que manifiesta “profunda preocupación por la interceptación realizada el día 22 de diciembre del 2018 de una nave de investigación sísmica, por parte de la marina venezolana dentro de la zona económica exclusiva de la República Cooperativa de Guyana”. El GL “pretende reposicionar los límites del territorio venezolano. ¡No lo vamos a permitir!”, respondió Maduro.
Tal asunto puso el dedo en la llaga de la herencia de tierras mal repartidas por la voracidad histórica del imperialismo mundial, y eso despertó voces hasta entonces acalladas en defensa del Esequibo, zona en disputa cuya solución se ha confiado a tribunales neutrales. La metedura de pata del GL fue tan evidente que varios países miembros han sacudido el fin de semana con declaraciones de última hora en las que, como el Perú, insisten en “su firme adhesión a las normas y los principios del derecho internacional” y reafirman “su respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial de los Estados y a sus derechos soberanos”.
Amlo toma distancia
El México de Enrique Peña Nieto no es el mismo que hoy gobierna Manuel López Obrador (Amlo). Si el primero estuvo entre los fundadores del GL, el de ahora retoma la Doctrina Estrada, implementada en 1930 y jerarquiza, como principio de la política exterior del Estado, la no intervención y el derecho de autodeterminación de los pueblos.
“Nosotros no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países porque no queremos que otros Gobiernos, otros países, se entrometan en los asuntos que solo corresponden a los mexicanos”, dijo este fin de semana Amlo, quien además reconoció que “en algunos momentos se han alejado los Gobiernos de esta política, pero nosotros no lo vamos a hacer”, y que su Ejecutivo será “respetuoso de todos los pueblos y Gobiernos del mundo”.
“No queremos tener pleitos con Gobiernos extranjeros, optamos por la solución pacífica de las controversias y por la cooperación para el desarrollo”, agregó el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Ni lima ni limón
La República Bolivariana de Venezuela está en el candelero desde hace varios años. Si miramos los titulares de noticias, por momentos parece que la llama incendiará el proyecto, pero luego renace con una fuerza y creatividad inesperadas. Tal mérito corresponde, sobre todo, a la resistencia de un pueblo que mayoritariamente sigue apoyando, y votando, por un Estado que preserve el control absoluto de sus recursos naturales en aras del beneficio nacional y la solidaridad regional.
Es por eso que la utopía sigue viva —el Gobierno de Nicolás Maduro la acuna, corrige errores, profundiza aciertos—,frente a esa realidad el GL será apenas una circunstancia.
“Un supuesto que une a estos obsecuentes, reflexionó recientemente el politólogo argentino Atilio Borón acerca de los integrantes del GL, es que cuanto más servil sea un Gobierno ante Washington tanto mayor será la recompensa (económica, financiera, diplomática, etcétera) que recibirá a cambio. Craso error: (…) Los traidores que se pusieron al servicio del emperador no lograron otra cosa que enriquecerse. Sus pueblos, nada”.
