Ángela P. García, de Jovellanos, Matanzas, escribió solicitando una prestación monetaria excepcional de la Asistencia Social para su tío, adulto mayor que residió en los Estados Unidos 37 años, fue deportado en octubre del 2017, y perdió todos sus bienes, al tiempo que padecía de hipertensión arterial y diabetes mellitus.
La situación fue evaluada por los especialistas de la subdirección de Prevención, Asistencia y Trabajo Social, constatando que el núcleo familiar está formado por cinco personas.
El salario promedio de los integrantes del núcleo es de 490 pesos por parte de Ángela; uno de sus hijos recibe 560; el otro, trabajador por cuenta propia como transportista, refiere un ingreso de mil. La nieta es menor de edad.
Precisa el informe enviado por Belkis Delgado Cáceres, directora de la Dirección de Prevención, Asistencia y Trabajo Social, que la vivienda familiar se encuentra en condiciones constructivas regulares. Existe hacinamiento, al contar solo con dos habitaciones.
Agrega que el caso “fue evaluado para la entrega de recursos. El tío recibió una cama personal con colchón, ropa y avituallamiento. Fue vinculado al sistema de atención a la familia para recibir el servicio de alimentación”.
Además, Ángela fue orientada sobre el otorgamiento de subsidios para la compra de materiales de construcción con el fin de reparar la vivienda.
Su condición se analizó en el Consejo de Dirección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y mediante el acuerdo 139 del 21 de noviembre del presente año, “se decidió denegar la solicitud de protección económica, ante la existencia de ingresos económicos en ese núcleo familiar, procedentes del salario que reciben la sobrina y sus dos hijos, ascendentes a 2 mil 50 pesos”. La reclamante no está conforme con la decisión de la Dirección de Trabajo Municipal.
