Si el comienzo de la conexión a Internet en parques y áreas públicas en el verano del 2015 marcó lo que alguna vez llamamos el año de la wifi, este 2018 que concluye, y sobre todo, el inminente 2019, tendremos a la G como importante letra del año.
La ampliación del acceso a la red de redes mediante la tecnología de tercera generación (3G), en los teléfonos celulares desde el 6 de diciembre último, fue sin duda el paso de mayor impacto de cara a la ciudadanía en los últimos 12 meses, como parte del programa nacional de informatización de la sociedad.
Abundante información pública sobre este estratégico sector de las telecomunicaciones y las tecnologías informáticas trascendió durante las recientes sesiones parlamentarias, aunque valdría la pena detenernos en los principales retos que para el 2019 ha fijado el Ministerio de las Comunicaciones.
La decisión de incrementar el ritmo de despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones, con prioridad para las tecnologías móviles e inalámbricas, y en especial, la todavía casi desconocida 4G, apunta hacia un rasgo distintivo de este desarrollo: su vertiginosa transformación.
Durante este 2018 en que las radiobases de telefonía móvil con tecnología 3G crecieron en un 30 % y alcanzaron zonas de todos los municipios del país, arrancó también el despliegue puntual de la 4G en Varadero, la zona norte de La Habana y el Mariel, en procesos que deben continuar su avance en paralelo, con prioridad para las áreas de mayor significación económica y social.
¿Hacia una ciudadanía digital?
Pero no basta con la 3G o la 4G. Impulsar otra triada inseparable también está en el centro de este impulso tecnológico: informatización territorial y gobierno electrónico; producción y uso de contenidos y servicios digitales propios; y —no menos significativo— cultura digital ciudadana.
El crecimiento al doble de la conectividad institucional en este año sienta las bases para que las telecomunicaciones vayan primero a lo que la población más necesita.
La noticia de que el 95 % de los hospitales y políclínicos, o el 80 % de las farmacias principales tengan ya conexión, al igual que más del 90 % de oficinas vitales como las del registro del estado civil, de la propiedad e inmuebles y las unidades notariales, solo tendrá una traducción positiva si esos servicios consiguen una mejoría sustancial concreta sobre la base de esa informatización.
El 90 % de los trabajadores y estudiantes universitarios tienen ya acceso a Internet, con todas las universidades conectadas por fibra óptica. Ello tiene que implicar indicadores para medir el incremento en la calidad del proceso docente-educativo y de los resultados investigativos de esa importante comunidad.
Por otra parte, para este 31 de diciembre la previsión era completar la primera etapa del gobierno electrónico, consistente solo en un momento inicial de presencia en Internet. Para el 2019 el propósito es avanzar en la interacción con la ciudadanía mediante esos portales web de los órganos y organismos de la Administración Central del Estado, así como de los gobiernos provinciales.
Pero no debemos olvidar que para convertir en hechos esa aspiración hacen falta no solo conexión y sitios digitales, sino programas informáticos, bases de datos sólidas y seguras, y procedimientos cotidianos y permanentes para la gestión e interacción con la ciudadanía.
El objetivo de fortalecer las empresas estatales de aplicaciones y servicios informáticos y lograr una relación natural más efectiva con las formas de gestión no estatal parece ser, entonces, el factor que decidirá en la efectividad de ese despliegue de contenidos nacionales asequibles, atractivos y útiles.
El llamado del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a permitir todo el despliegue de la creatividad juvenil en este campo, podría ser una de las claves para multiplicar la efectividad de los alrededor de 47 mil profesionales de especialidades afines a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que la Revolución ha formado.
Porque no menos esencial es el factor humano. Poco o nada aportarían las sucesivas G de las tecnologías de las telecomunicaciones y la informática si detrás no hay generaciones de personas que las hagan suyas.
Los más de 5 millones 300 mil suscriptores de telefonía celular y similar cantidad de internautas que hasta ahora reportan las autoridades no implican aún el salto cualitativo que es preciso conseguir en las formas y los fines con que las personas emplean estos medios.
Un ejemplo ilustrativo es la todavía modesta habilidad que despliega la ciudadanía para aprovechar al máximo los incipientes canales electrónicos de pago, mediante los ya casi 5 millones de tarjetas magnéticas activas, más de 900 cajeros y de 12 mil terminales de puntos de venta (Pos), o más recientemente, la plataforma informática que permite abonar facturas de electricidad, telefonía, agua, impuestos, etcétera, desde el móvil, con solo 120 mil usuarios todavía.
El mejor negocio
La principal inquietud de la población en torno a todos estos avances tecnológicos resulta, sin duda, el precio de los servicios informáticos y digitales. El propio Presidente Díaz-Canel lo reconoció ante la Asamblea Nacional, al asegurar que van a seguir bajando las tarifas, en la medida que crezca la infraestructura y más personas se incorporen a su empleo.
También habrá que admitir entonces como principio de cultura organizacional esa noción de que el mejor negocio no es cobrar mucho, sino bajar costos para que más personas paguemos menos y así obtener mayores ingresos. Incluso es preciso aprender a jugar mejor en las políticas comerciales con las opciones de servicios gratuitos y preferenciales, de manera siempre progresiva y sin retrocesos.
En cifras:
Material Relacionado
