Por: Alina Martínez y Ariadna Pérez
En torno al trabajo, los diputados realizaron en la jornada de este jueves varias intervenciones. En el análisis efectuado en todo el país este tema tuvo 51 mil 414 propuestas en 40 mil 420 reuniones, fundamentalmente referidas a establecer su carácter obligatorio.
Al respecto se pronunció el parlamentario cienfueguero Rey Luis Sánchez. Señaló que hay un grupo de personas que reciben los mismos beneficios, sin aportar al desarrollo del país. “Pienso que en el artículo cuando se habla de trabajo debe agregarse la palabra obligatorio”.
La diputada y miembro de la Comisión Redactora, Johana Odriozola reconoció que efectivamente hubo muchas propuestas en torno a este particular, pero si se considera su obligatoriedad en la Constitución tendría que existir una sanción jurídica para todos los que no trabajen y, eso nos llevaría a tener una ley para recluir o sancionar a los incumplidores; algo que no está acorde a los convenios internacionales que Cuba tiene suscrito.
Más adelante hizo hincapié en que tenemos que lograr regulaciones indirectas que conduzcan a los sujetos pero no que los obliguen. En otras palabras, “se trata de implementar medidas y hacer funcionar los mecanismos económicos para que los individuos vean en el trabajo la fuente de ingresos y satisfacción de sus necesidades”, afirmó.
Víctor Manuel Gutiérrez opinó que los organismos competentes tienen que exigir a los que no trabajan. “La población tiene mucha inquietud por los que viven haciendo negocios y cometiendo ilegalidades y tienen los mismos derechos que los que trabajan. Debemos retomar bien duro este tema, el país necesita de nuestro trabajo para salir adelante”.
Por su parte, otro diputado cienfueguero recordó que en las reuniones la población se trató el tema con mucha fuerza. “Cuando usted pasa cerca de una tienda hay personas que te recitan una lista de productos que a veces no hay en las tiendas; tenemos que ocuparnos de esos elementos que están encadenados con ilegalidades. Los organismos relacionados con eso deben accionar fuerte. Es del criterio de muchas personas la necesidad de luchar contra los que no aportan a la sociedad y cuentan con los mismos beneficios de los que si lo hacen”, dijo.
“Cuba tiene convenios internacionales en materia de trabajo que no podemos violar, subrayó José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos. No procede establecer el carácter obligatorio del trabajo, debe ser la propia sociedad que haga ver al trabajo como fuente de satisfacción de necesidades materiales. Ahora, con relación a esas personas que no lo hacen el Estado tiene todos los mecanismos para enfrentarlo, al igual que para poner freno a las ilegalidades. No debemos mezclar las dos cosas”.
El diputado José Antonio Carrillo valoró que debido a las múltiples opiniones que genera el asunto debería discutirse en la sesión plenaria de este viernes. “Estamos en un proceso de reflexión y es un planteamiento que se hizo en muchos lugares. La población ve las diferencias, las personas que no trabajan viven mejor que el resto”.
Sobre el artículo 24 del título II referido a los fundamentos económicos, se produjo un debate en relación con que la propiedad socialista de todo el pueblo incluya otros bienes como las principales infraestructuras.
Unos delegados consideraron que debía obviarse el término principales, otros dijeron que debía mantenerse ya que a causa de la inversión extranjera podían existir infraestructuras que pertenezcan al inversor. El diputado Marino Murillo argumentó que están ocurriendo transformaciones en la economía por lo que habrá aunque sea temporalmente infraestructuras que no sean de propiedad estatal.
La diputada Gradys Bejerano acotó que la redacción que continúa a ese párrafo deja bien clara la situación cuando aclara que esos bienes pueden son inembargables y pueden trasmitirse en propiedad solo en los casos excepcionales que se destinen al desarrollo económico y social del país, y no afecten los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado, previa aprobación del Consejo de Ministros.
Vilma Alvarado, diputada de La Habana consideró que esa aprobación excepcional debe estar concatenada con el derecho preferencial del Estado para su adquisición nuevamente para que no pase a propiedad de terceros.
Otro asunto traído a colación por la diputada Daycar Saladrigas de Camagüey y directora del periódico provincial, fue apoyar el artículo 55 donde se agregó que los medios fundamentales de comunicación social son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas y de masas y no pueden ser objeto en ningún caso de propiedad privada. Ello, subrayó, constituye un reclamo del sector periodístico. A este criterio se agregó la propuesta de incluir que no podían ser objeto de ninguna otra forma de propiedad.
