Sobre el funcionamiento de las Escuelas de Formación Integral (EFI) y la importancia de garantizar la reinserción social de sus egresados debatieron este lunes los diputados de la comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y la Igualdad de Derechos de la Mujer, en el Palacio de las Convenciones de La Habana.
En el país existen actualmente 12 centros de este tipo, rectorados por el Ministerio del Interior (Minint), con el apoyo docente del Ministerio de Educación (Mined) y el respaldo de otros Organismos de la Administración Central del Estado e instituciones sociales, explicó Idais Borges Barrios, jefa de la Dirección de Menores del Minint.
Los educandos en las EFI además de recibir los programas docentes establecidos cuentan con talleres especializados y profesores para el aprendizaje de oficios tales como la carpintería, albañilería, culinaria, plomería, artesanía, peluquería, entre otros. También, se ofrecen círculos de interés de bomberos, guardabosques y la técnica canina, impartidos por especialistas del Minint.
Este tratamiento se complementa con actividades políticas, recreativas deportivas y artísticas, como matutinos, encuentros con la historia, proyectos medio ambientales, intercambio con personalidades de la cultura, el deporte, visita a museos, lugares históricos; todas dirigidas a la formación de valores y a desarrollar potencialidades, detalló.
“Se implementa un modelo educativo terapéutico, que mediante técnicas novedosas y terapias contribuye a la compensación y corrección del comportamiento de alumnos y familias. Para reforzar la estrategia educativa integral cuentan con psicólogos, psicoterapeutas, pedagogos y juristas que les brindan tratamiento y protección, así como otros oficiales con la preparación requerida”.
Borges Barrios precisó que con las familias y los menores se realizan dinámicas grupales y charlas educativas sobre temas jurídicos y de salud, en estas actividades el respaldo de la Fiscalía General de la República y del Ministerio de Salud Pública es esencial.
Más adelante comentó que en las EFI predominan los jóvenes del sexo masculino de edades entre 14 y 16 años, que presentan rasgos impulsivos y sus valores morales están distorsionados. Por lo general provienen de un medio familiar con índices de disfuncionalidad y donde se reproducen patrones negativos, con presencia de la violencia física y verbal, fallas en la comunicación y educación morales y en los que existen antecedentes delictivos.
El tiempo de permanencia en la institución es de un año, durante el cual se transita por 4 etapas de tratamiento educativo. Posterior al egreso se les brinda seguimiento por otro año para asegurar de conjunto con los organismos de la administración del estado y órganos competentes la reinserción social, lo cual se logra entre un 70 y 80%, este año se prevé superar esa cifra, expuso.
Borges Barrios reconoció que subsiste un deterioro en los entornos protectores y fisuras en el accionar de los factores comunitarios lo que limita la plena inserción a la sociedad de los menores.
Atendiendo a las complejidades de este tipo de educación especial se continúa potenciando un modelo educativo despenalizado con la aplicación de técnicas terapéuticas, métodos pedagógicos y con un enfoque social al que debemos continuar fortaleciendo con el sistema de prevención social establecido, evaluó.
Reinserción social una necesidad
En concordancia los delegados se pronunciaron por el fortalecimiento de la atención a la reinserción social de los menores, el apoyo de las comunidades y las organizaciones de masas. También abogaron por el perfeccionamiento de la labor preventiva desde las comunidades para que los menores no se vean involucrados en la actividad delictiva.
A su vez, valoraron como positivas las condiciones higiénicas, educativas y constructivas de las EFI. Resaltaron la disciplina y la organización que se aprecia y el adecuado sistema de trabajo que permite tratar al menor y a su familia. “Si el niño no percibe una continuidad en su hogar de la formación que recibe en la escuela, no hacemos nada. Se precisa de mayor información en las comunidades para poder trabajar con la familia y los estudiantes”, opinaron.
Al respecto Maylín Alberti, diputada por La Habana señaló que las escuelas de educación familiar contribuyen a esa labor, pues los miembros del hogar se preparan para acompañar a su hijo en la inserción a la sociedad.
Llamó especialmente la atención de varios parlamentarios la buena comunicación entre alumnos y profesores. “Hay muchachos que no desean irse de pase, prefieren quedarse en la escuela con sus maestros”.
Rosa María Ramírez Montero, presidenta de la Organización de Pioneros José Martí y Leydis Laura Jiménez, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media compartieron con los diputados las experiencias del trabajo de sus organizaciones en estos centros. Explicaron que la atención a los estudiantes es prioridad y se han propuesto incrementar las acciones para complementar la labor educativa y de formación de valores.
Por otra parte, un diputado guantanamero alertó que debe verse como una debilidad que un niño llegue a una Escuela de Formación Integral. “Son víctimas de un contexto, un ambiente familiar, una comunidad…y hay muchas personas que estamos encargadas de velar porque eso no ocurra. Se sabe cuándo una familia es disfuncional, hay señales que lo demuestran, por eso llamo a que se engrase mejor el sistema de trabajo preventivo para evitar que un menor llegue a estas escuelas”.
La jefa de la Dirección de Menores refirió que el sistema preventivo debe seguirse fortaleciendo de conjunto con las organizaciones de masas y políticas, evaluar qué más se puede hacer por esas familias y por los niños y jóvenes que son prioridad en nuestro país.
[box title=»De interés:» box_color=»#f9bf7d»]En Cuba la familia, la escuela, los organismos estatales y las organizaciones de masas y sociales, tienen el deber de prestar especial atención a la formación integral de la niñez y la juventud.Es por ello que la Dirección de Menores del Ministerio del Interior organiza y controla los procesos de trabajo para desarrollar y ejecutar la protección integral a los menores comisores de hechos que la ley tipifica como delitos y conductas agravadas de impacto social negativo y sus familias; así como la atención a los menores víctima, tal y como se establece en el Decreto Ley 64 del Sistema de Atención a Menores con Trastornos de Conducta.[/box]
