La Constitución vigente garantiza el pleno respeto a la libertad de crear en el ámbito del arte y la literatura, y lo hará, con certeza, la que se aprobará el próximo año. Sería un sinsentido que una ley menor contraviniera la letra de la ley fundamental de la República.
Ante la lectura del Decreto 349 es natural y muy posible (y así ha sido, de hecho) que surjan disímiles dudas sobre su aplicación y necesidad.
Lo cierto es que la norma responde, precisamente, a preocupaciones que han compartido los creadores en congresos, consejos nacionales y otros espacios de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) y la Asociación Hermanos Saíz (AHS).
El más burdo intrusismo profesional, la vulgaridad y el mal gusto, las manifestaciones discriminatorias y lesivas a la dignidad, han ganado creciente presencia en el ámbito de la cultura y en no pocos espacios públicos, sean estatales o privados (no debería haber confusión en ese sentido: una cafetería o un restaurante, aunque sean gestionados por particulares, son espacios públicos y por tanto deben responder a las regulaciones para ese sector).
Quedarse con las manos cruzadas no puede ser una opción.
No está escrito en ninguna parte (y hacerlo sería disfuncional y antiético) que se vaya a regular lo que “consume” cada ciudadano en materia de cultura. La promoción del buen arte nunca podrá sustentarse en la imposición, pero la proyección social del arte y la literatura, las lógicas de su gestión y su circulación precisan de un marco legal.
Ese entramado existe: el Decreto 349 lo actualiza, y su aplicación será progresiva, atendiendo a las normas actualmente en vigor.
El Ministerio de Cultura y sus instituciones han expresado claramente que el tema de la libertad creativa no está en discusión. Ese ha sido el espíritu de los encuentros que se han sostenido con varios artistas, y que seguirán sucediendo en los próximos días.
Nadie le impondrá una pauta o un cepo a la creación artística y literaria.
Ningún inspector contará con la autoridad para decidir qué cosa es arte y qué no (la figura del inspector ha sido una de las más discutidas por los creadores): el inspector actuará a partir del consenso, y serán capacitados para que no haya incorrectas interpretaciones. De cualquier forma, están establecidas las vías para las apelaciones puntuales.
Algunos se han mostrado escandalizados porque Cuba regule en ese sentido, ignorando que buena parte de las naciones del mundo cuentan con legislaciones muy estrictas en estos temas, y asumiendo la falsa premisa de que el Decreto 349 atenta contra la capacidad de elegir de los ciudadanos.
Lo escrito, en todo caso, protege a expresiones de la más auténtica cultura de vanguardia y popular, que en la lógica pura y dura del mercado estarían en riesgo, o serían privilegio de unos pocos.
Los trabajadores de la cultura, que este 14 de diciembre celebran su día, pueden tener la certeza de que la política cultural del país no sufre menoscabo con este decreto. En Cuba, el acceso a la cultura seguirá siendo derecho inalienable.
