Bastante impresionante resultó ver en un ilustrador programa televisivo la ruta que seguía cada planteamiento de la ciudadanía durante la consulta popular del Proyecto de Constitución que concluyó la semana anterior.
Persona a persona, cada una de las más de 600 mil propuestas —hechas en las reuniones en los barrios y centros de trabajo hasta aquel corte parcial el pasado 2 de noviembre— recibían un número y una descripción en un exhaustivo sistema informático, para luego compendiarlos y servir de insumos a la comisión de análisis.
Ese proceso de debate, que comenzara el 13 de agosto último, nos deja un importante cúmulo de lecciones y resultados, más allá del profundo carácter democrático que le ha sido reconocido a partir de la participación de más de 7 millones de cubanos y millón y medio de intervenciones.
Lo primero que quizás salta a la vista es el valor de esa apropiación colectiva de un documento extenso, complejo, con una terminología jurídica que para una mayoría de nuestra población constituye, cuando menos, una novedad.
La madurez cívica y política que denota tal ejercicio de lectura crítica por amplios sectores de la sociedad evidencia no solo nivel de instrucción y una aún perfectible cultura general, sino sobre todo sentido de pertenencia, responsabilidad y compromiso con la obra de la Revolución y su futuro desarrollo.
El hecho de que solo ocho de todos sus párrafos no suscitaran sugerencias de mejora hasta inicios de este mes también indica lo acucioso y nada complaciente de este escrutinio a fondo de los 224 artículos del proyecto constitucional.
No quiere decir esto, por supuesto, que vaya a proceder como una incorporación al texto todo lo dicho y recogido en acta, pero es esencial percatarnos de que el reconocimiento y la aceptación de nuestros acuerdos y desacuerdos, individuales y colectivos, también contribuyen a una mayor solidez del consenso final que persigue la consulta popular.
Y aquí es preciso destacar otros alcances de este proceso, que van mucho más allá de la familiarización y el perfeccionamiento de nuestra próxima Ley de leyes en el contenido estricto de su letra.
La rica discusión desbordó el ya bastante amplio marco de los preceptos constitucionales para auscultar la voluntad soberana del pueblo, con sus inquietudes y dudas, insatisfacciones y sueños, acerca de nuestro imperfecto y contradictorio presente, y de los siempre esperanzadores tiempos venideros.
Por otra parte, la concertación de opiniones y acciones fuera incluso del espacio y el momento de las asambleas por parte de diferentes sectores o grupos poblacionales, ya sea para apoyar determinadas transformaciones o para rechazarlas, nos debería dejar no pocas alertas y enseñanzas.
Esta gran implicación, a veces incluso ardiente y apasionada, en la defensa de agendas específicas, constituye una evidencia muy positiva de un civismo fuerte y militante entre una gran parte de la gente, incluida la juventud, lo cual desmiente cualquier malsana suposición de apatía o desentendimiento hacia este proceso social.
No obstante, esa efervescencia propositiva e impronta organizativa que mostraron varios segmentos ciudadanos para defender sus puntos de vista durante la consulta popular, también nos enseña caminos e iniciativas por recorrer en aras de un fortalecimiento de la capacidad de movilización, diversidad y liderazgo de nuestras organizaciones de la sociedad civil, así como limitaciones que todavía tenemos en el ámbito de la comunicación pública.
Ganancia neta sería el término que resume, pues, lo vivido hasta ahora. Por delante nos quedan varios momentos no menos trascendentes en este proceso de referendo constitucional.
La síntesis de toda esa sabiduría coral y las explicaciones pertinentes por parte de la comisión redactora del proyecto, además de la deliberación al respecto en la Asamblea Nacional del Poder Popular, avizoran entonces otros instantes de implicación y toma de conciencia ciudadana, para asegurar la unidad que debe predominar en torno a nuestra próxima Carta Magna.
