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Los siete días anteriores estuvieron marcados por una protesta con antorchas en la capitalina Plaza de la Democracia contra el proyecto legal Fortalecimiento de las Finanzas Públicas -plan o reforma fiscal-, denominado combo fiscal por sus opositores.
También por la declaración de legalidad por el Tribunal de Apelación de Trabajo del II Circuito Judicial de San José del paro de los empleados de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), iniciado hace 64 días, en respuesta a un recurso interpuesto por el Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (Sitrapequia) contra la sentencia de primera instancia.
En su cuenta en la red social Twitter, el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Albino Vargas, escribió que ‘la declaratoria de que la huelga en Recope es legal demuestra que la lucha contra el combo fiscal es éticamente correcta y moralmente justa’.
Vargas exalta que ahora el derecho constitucional a huelga es real y que al utilizarse dentro del marco de la ley, el trabajador no puede sufrir castigo.
En el día 59 de la huelga contra el plan fiscal en Costa Rica, cientos de manifestantes portaron antorchas en defensa de la democracia y en rechazo a ese proyecto legal del Ejecutivo, al considerar que afectará sensiblemente a la clase trabajadora y a los más pobres del país.
Promovida por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la protesta recordó la acción de costarricenses hace 129 años cuando salieron a las calles del país para defender los resultados de las elecciones de 1889.
Por su parte, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) interpuso el viernes anterior una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Gobierno de Costa Rica.
La queja es en particular contra el ministro de Educación Pública (MEP), Édgar Mora, por violación de la libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga, debido a una serie de acciones cometidas por la administración del presidente Carlos Alvarado, en detrimento de los derechos de la clase trabajadora, precisa el escrito sindical.
La presidenta de la APSE, Mélida Cedeño, y otros líderes de esa agrupación obrera, entregaron el documento con la queja a la directora de la oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, Carmen Moreno.
La APSE, junto a los otros dos sindicatos del sector educativo, encabezan hoy la huelga general por tiempo indefinido contra el proyecto legal Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, plan o reforma fiscal, iniciada el 10 de septiembre pasado.
