Isairis Daza Chapel primero fue víctima de un robo con fuerza en su residencia, hace dos años, y luego de un proceso legal la sala tercera de lo penal, del Tribunal Provincial Popular, dictó la sentencia donde se disponía que debía ser indemnizado con la suma de 32 mil 865 CUP. Esto aconteció en febrero del presente año.
Un mes después fue a reclamar el cobro en la Caja de Resarcimientos del Ministerio de Justicia, donde se le informó todos los detalles y un descuento del 20 % a cobrar, precisándosele que debía “llamar después de 60 días para saber si entró su sentencia”, aunque al dorso de la nota se agregaba “recibir información en octubre”; es decir, siete meses después.
Llegó octubre y resulta, plantea que “de los encausados solo uno ha abonado una mínima cuota de su responsabilidad civil. El resto no labora en el penal, entonces, ¿cómo cobrarles?”.
Y aquí es donde él se considera nuevamente víctima, ya que se pregunta: “¿Podremos las víctimas cobrar nuestra indemnización en un tiempo relativamente corto?”, para agregar que, además, no entiende “el descuento del 20 % del monto a recibir, pues considero que eso me victimiza dos veces. Creo que debe ser el victimario quien deba correr con ese gasto”.
Isairis tiene entendido que las autoridades, en el 2015, “comenzaron un operativo en todo el país, dirigido a poner fin a la larga cadena de impagos derivados de la responsabilidad civil, que impedían el cumplimiento de la función social de la Caja, con buenos resultados”.
Para concluir, “consciente de que los operativos contra morosos no son la vía idónea para resolver definitivamente un dilatadísimo asunto, opino que el perfeccionamiento de la acción gestora y el seguimiento a cada caso para evitar impagos y el resurgimiento de la cadena de impunidad, que hasta ahora impide a las víctimas resarcirse de los daños sufridos, así como actualizar las legislaciones vigentes, sería la vía”.
