Una treintena de planteamientos expresaron, en su mayoría con propuestas para modificar o añadir nuevos elementos al Proyecto de Constitución de la República de Cuba, los trabajadores del Grupo Empresarial Agrícola, del Ministerio de la Agricultura, en reunión desarrollada en el teatro de la Escuela Internacional de Medicina Salvador Allende, de Boyeros.
La primera intervención, realizada por Julio Gómez Moldón, vicepresidente del grupo, fue para sugerir que se incluyera entre los fundamentos económicos el reconocimiento a las pequeñas y medianas empresas que han proliferado, pues forman parte del sustento económico de la nación y emplean fuerza de trabajo, muchas veces calificada.
Un especialista de Capital Humano sugirió tener en cuenta los años de antigüedad a los técnicos y especialistas de todos los sectores, y no reducirlos a unos pocos, ya que cada uno ha dedicado lo mejor de su vida para impulsar el desarrollo del país.
El tema del trabajo provocó criterios discrepantes, pues Reinaldo Cuba consideró que la Constitución debe sostener que este sea una obligación, mientras Teobaldo Iglesias se refirió a leyes relacionadas con este que fueron derogadas en un momento, por lo que consideró que debe plasmarse en la Carta Magna que el trabajo sea un deber de cada ciudadano, y comentó que la Unión de Jóvenes Comunistas sea la organización pertinente para persuadir a las nuevas generaciones sobre este concepto.
Diversas intervenciones hizo Antonio Hurtado, entre estas la referida al Artículo 43, donde según su consideración se debe añadir que el Estado garantice empleo a todos los ciudadanos aptos, como un modo de la persona de dignificarse; sugirió incluir en el Artículo 48, que cada ciudadano reciba asistencia jurídica a partir del momento en que sea detenido y no esperar a los procesos como es ahora.
Eduardo Masó, habló sobre el Artículo 64 que plantea: “Las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas en plazo adecuado(…)”, pero sugirió especificar “en el plazo establecido por la ley para cada proceso”.
Otro de los asuntos abordados fue el de la vivienda. Algunos plantearon suprimir el término de vivienda “digna” pues no cualifica con exactitud un término, en especial en nuestro país, que tiene situaciones muy complicadas con estos inmuebles. También se propuso precisar que a los ancianos hay que cuidarlos responsablemente, no atenderlos como plantea el Proyecto.
César Hernández Lago expuso que se incluya que ciertos servicios de la salud y la educación dejen de ser gratuitos, y especificó las cirugías estéticas y los cursos de postgrado.
Un especialista sugirió eliminar la palabra gobernador entre los cargos del Poder Popular, y otro puntualizó que todos los funcionarios que representen al pueblo tienen que ser elegidos por el pueblo y no designados por organismos superiores como se plantea.
