Los delitos ambientales son ubicados en el cuarto lugar entre los crímenes más rentables a nivel mundial, después de las drogas, las falsificaciones y la trata de personas. Su valor monetario fue calculado entre 91 mil y 259 mil millones de dólares en el año 2016, de acuerdo con un estudio conjunto realizado por Interpol y ONU Medio Ambiente.
Según el reporte, las actividades ilegales que involucran al medio ambiente, la biodiversidad o los recursos naturales son lucrativas e implican un riesgo bajo para los criminales, al no haber sido considerados como una prioridad en algunos países. Todo ello puede explicar que registraran un incremento del 26 % en el 2016 respecto al 2014, y que se mantenga un aumento entre el 5 % y el 7 % anual, de acuerdo con los autores del informe.
Un reciente estudio de ONU Medio Ambiente, titulado “The State of Knowledge of Crimes that have Serious Impacts on the Environment” (El estado del conocimiento de los crímenes que tienen graves impactos en el medio ambiente), consigna las áreas de delincuencia ambiental más frecuentes a nivel mundial.
La relación comprende cinco grupos de delitos: contra la vida silvestre; la tala, la pesca y la minería ilegales; y la contaminación y delitos conexos, que incluye los vertederos ilegales y el comercio de desechos, así como la producción y el consumo ilegal de clorofluorocarbonos (CFC) e hidroclorofluorocarbonos (HCFC).
Citando como fuentes a diversas entidades internacionales especializadas, el informe señala que los delitos contra la vida silvestre son más frecuentes en África, Asía y América Latina; mientras que la tala ilegal ha afectado a todos los continentes y se ha extendido en todas las regiones tropicales. La pesca ilegal ocurre en todo el mundo, tanto dentro de zonas económicas exclusivas de países como en aguas internacionales.
La minería ilegal es frecuente en África, América Latina y partes de Asia, donde se está convirtiendo en un problema de preocupación pública. Tiene graves impactos ambientales, en particular la contaminación por mercurio proveniente de la extracción artesanal de oro, la destrucción de la flora y fauna natural, la contaminación, degradación del paisaje y los riesgos de radiación.
En cuanto a la contaminación y delitos conexos, el informe apunta que los vertederos ilegales y el comercio de desechos ha intensificado la contaminación global de los sistemas de aire, tierra y agua, amenaza los ecosistemas locales y afecta a los animales, las plantas y la salud humana.
El tráfico de residuos se origina fundamentalmente en los países desarrollados, y son la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Australia los mayores exportadores de desechos ilícitos; mientras que los principales destinatarios del tráfico ilegal son países subdesarrollados situados en África y Asia.
La producción y el consumo ilegal de CFC, HCFC y otras sustancias que agotan la capa de ozono, también dentro de esta categoría, afectan el sistema inmune de los animales creando vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas, y además reducen la productividad en las plantas y el fitoplancton.
El estudio identificó varias brechas importantes en la respuesta hacia los crímenes ambientales. La aplicación de la ley se debilita por la falta de datos, conocimiento y conciencia, así como por el uso limitado de la legislación, la casi nula cooperación nacional e internacional, el poco intercambio de información entre autoridades y la falta de compromiso de los actores privados y las comunidades locales.
ONU Medio Ambiente sugiere que, para cerrar las brechas, la comunidad internacional debe volver a lanzar programas sobre la delincuencia ambiental, iniciar un plan de acción y compartir información, reconocer y abordar los delitos ambientales como una amenaza grave para la paz y el desarrollo sostenible, y fortalecer el estado de derecho ambiental en todos los niveles.
