El fortalecimiento del municipio, como estructura socioeconómica básica para el desarrollo presente y futuro del país, es un proceso que transita no solo por cambios organizativos y jurídicos, sino incluso por una transformación cultural.
Con la actualización del modelo económico y social, y aún antes, desde que el General de Ejército Raúl Castro Ruz comenzó a enfatizar en la necesidad de reforzar nuestra institucionalidad, la importancia de ampliar las prerrogativas y posibilidades de actuación en este ámbito sobresalió como una prioridad.
Como colofón de ese enfoque el Proyecto de Constitución, ahora sujeto a consulta popular, propone cambios sustanciales en la concepción de los órganos locales del Poder Popular, que sellarían la relevancia estratégica del municipio para el funcionamiento estatal y un mayor empoderamiento de la ciudadanía.
La propuesta no llega desligada de la práctica administrativa reciente. Sobresale en esta dinámica la introducción de fuentes de financiamiento más directas para la gestión municipal, como la Contribución Territorial para el desarrollo local, la cual popularmente conocemos como el 1%, por el tipo impositivo que empresas, sociedades mercantiles y cooperativas deben aplicar a sus ingresos por la venta de bienes y servicios para respaldar financieramente el desenvolvimiento económico y social de los territorios donde radican.
Pero esta no es la única medida que potencia las posibilidades e iniciativas municipales. El trabajo por cuenta propia y otras formas de gestión no estatal constituyen desde hace ya algún tiempo otra vía muy significativa para el financiamiento de ese eslabón del gobierno en la base. De hecho, más de una quinta parte de los ingresos de los presupuestos locales en el país provienen de los tributos que aportan tales actividades económicas, proporción que puede resultar incluso superior en determinadas municipalidades.
Sin embargo, la mayor autonomía y liderazgo que aspiramos del municipio como estructura sociopolítica no depende solo de la mayor disponibilidad de dinero, si bien tales fondos pecuniarios son indispensables y requieren de su constante ampliación. Tampoco será suficiente con las mejoras legislativas que le otorguen a esa instancia nuevas y mayores prerrogativas, aunque este sea un paso insoslayable.
Lo que más tiempo y esfuerzo probablemente nos cueste en esta materia es modificar las maneras de pensar y actuar que históricamente convirtieron a los niveles municipales como la última rueda del carro.
Habrá que trabajar muy duro para desterrar la concepción verticalista de que el poder de decisión y la autoridad descienden escalón por escalón hasta el municipio, donde solo hay entes y mecanismos cumplidores de planes y medidas que vienen “de arriba”.
La propia política de cuadros o la forma de nombrar y promover a los dirigentes, por ejemplo, tendría que revolucionar sus modos de operar, tanto en las funciones administrativas como en la labor de las organizaciones políticas y de masas, entre estas nuestro movimiento sindical.
Para nadie es un secreto que hoy las personas más capaces que despuntan en un municipio con frecuencia migran prontamente hacia otros niveles intermedios de dirección en la provincia, y de ahí a la nación, sin que en la concreta resulte estimulada la labor de dirección y su permanencia en la base.
No obstante, lo que marcará la diferencia y definirá el éxito o no en esta estrategia de impulso al desarrollo municipal será, en última instancia, la capacidad de emprendimiento, iniciativa y actuación ciudadana que consiga toda esta nueva concepción.
Cada cubana y cubano debe sentir que es parte determinante en la toma de decisiones de su localidad, y que quienes allí le representan no solo rinden cuentas de modo efectivo y transparente sobre su gestión, sino que consiguen incorporar a la mayoría de la población a la discusión, propuesta e implementación de soluciones para los problemas de la comunidad. De ese modo el municipio tendrá la llave del nuevo modelo económico y social, y también nos abrirá, en lo adelante, sus puertas.
