Coincidieron sugerencias ante la aparición de nuevas formas de producción como la privada y entre sus consecuencias la probable concentración de propiedades en personas naturales y no jurídicas.
Camila Roca propuso que el Estado, en vez de coaptar la concentración de propiedades como refiere el artículo 22, lo regule a través de un sistema fiscal aplicable afín de preservar la función estatal de la propiedad.
Opinó que ‘no se debe limitar la generación de la riqueza sino luchar contra la pobreza y estimular que se genere riqueza siempre controlando que no conlleve a desigualdad social y a que la propiedad cumpla con la función social que tiene’.
Por su parte, Bianka Rodríguez manifestó su preocupación sobre los responsables y los mecanismos idóneos para establecer los límites compatibles de equidad y justicia social, si se permite la concentración de propiedad.
Rodríguez expresó también su duda sobre cómo se dispondrá la autonomía en la administración y gestión de la empresa estatal socialista, como indica el artículo 26, cuando, dijo, en estos momentos no sucede así.
Señaló que serán necesarios ajustar los límites del Estado para regular y dirigir a las entidades estatales y los de estas a su vez para gestionar y administrar.
El director de la Egrem, Mario Escalona, consideró importante una consulta de la esperada ley de empresas, y propuso un muestreo de las principales, de las que tienen relaciones más directas con el comercio exterior y que se incluyan las que participan en la industria de la música.
Ello, significó, para que pueda tener esa legislación una base más solida desde el punto de vista práctico.
En deberes, derechos y garantías, Camila Roca sugirió asimismo en el párrafo 140 del artículo 40 incluir en el proyecto de carta magna la no discriminación por opiniones y convicciones.
La adición de un artículo relacionado con la protección animal que favorezca una ley para salvaguardarlos de maltratos y la no atención, así como la incorporación de una instancia que regule el cumplimiento de la propia constitución también resaltaron entre los criterios aportados.
Millones de personas participan en toda la isla en la fase de consulta popular desde del 13 de agosto y hasta el 15 de noviembre en sus barrios y centros de trabajo y estudio, en un proceso del cual emergen opiniones que evaluará el Parlamento para elaborar el documento definitivo que será sometido a referendo popular. (Tomado de PL)
