Es una de las conclusiones que extraigo de las misivas del santiaguero Rafael Caballero y la artemiseña Yarelys Toca Valdés, sobre un tema viejo retocado con colorete: el trato inadecuado y carencia de surtido en las tiendas de compra “por puntos”, a las cuales acceden, cada año, miles de trabajadores en todo el país.
El texto del primero, quien labora en la Unidad de Investigaciones para la Construcción (Enia), lleva por añadidura la extorsión, por lo que cuenta, sucede en la tienda de 15 y 4.a, reparto Vista Alegre, de la ciudad indómita.
Dice que cada año les asignan 38 CUC y ese establecimiento siempre está desabastecido, por lo cual no pueden cumplir el objetivo de comprar ropa de presencia. Hasta aquí el planteamiento no dista de otros comentarios en misivas a esta sección o en cualquier lugar que se suscite el tema.
Lo indignante es que “los empleados de esta tienda proponen la compra de los CUC a los trabajadores y con ventajas para ellos”, (…) y ejemplifica que en ocasiones anteriores daban 34, “pero este año era entre 20 y 25”, y se pregunta el lector: “Si para los trabajadores la tienda no tiene oferta, ¿por qué los empleados compran el CUC?”.
A su entender, lo correcto es que haya surtido cuando den los turnos o de lo contrario detengan la venta.
Por mi parte, lo deshonesto y reprensible de medrar con el dinero ajeno, proveniente de una de las formas de estimulación a los trabajadores, requiere una revisión y actuación en consecuencia, porque no solo en el río de la tienda de 15 y 4.a suenan esas piedras.
Entre tanto, Yarelys, quien se identifica como subdirectora de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social en el municipio de Bahía Honda, expresa que su queja data del 2017, todavía sin respuesta, mientras ella sigue sin entender la obligación de adquirir ciertos productos, algunos de evidente larga duración en los anaqueles.
Asimismo pesa en ella la angustia de qué pasará este año, pues la respuesta a la reclamación parece ser “una medida disciplinaria, ya que estamos en el mes de agosto y en nuestro municipio no se ha efectuado la compra, ni siquiera se habla del asunto”.
En el extenso texto que nos envía señala que en agosto del 2017 hizo su cuestionamiento sobre la adquisición de algunos productos en la tienda El módulo, ubicada en la localidad de Punta Brava, perteneciente al capitalino municipio de La Lisa. Primero habló con la presidenta del Consejo de la Administración Municipal (CAM) “para no violar escalones”, y la contesta fue que a ese nivel no tenían que ver con el asunto. Escribió al periódico Granma, de donde le giraron un acuse informándole del traslado de su misiva para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Como el mutis llegó a febrero de este año se comunicó con ese organismo, donde le confirmaron haber recibido la carta, que al no ser de su competencia la trasladarían al Consejo de la Administración Provincial (CAP). Este a su vez la dirigió para el CAM de La Lisa, paso este que supo de manera informal.
Yarelys se sobrepuso a la espera y señala que el 2 de marzo llamó al despacho del presidente del CAP. La atendió el compañero que se identificó como Aurelio, “quien es de la opinión de que hay que conformarse con la decisión tomada por la tienda y cumplir con lo establecido. Una semana después fui llamada a la oficina de Atención a la Población de mi municipio para conversar por teléfono con la compañera Matilde, de la oficina homóloga en el CAP, la cual me notificó que recibiría respuesta, que aún espero”.
