»Soy víctima de una cacería judicial ya registrada en la historia», denunció el ex dignatario y ahora candidato presidencial de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple este jueves 132 días como preso político.
La acusación está contenida en una carta al pueblo brasileño escrita desde la celda de la Superintendencia de la Policía federal (PF) en Curitiba, donde permanece encerrado dese el pasado 7 de abril, y dada a conocer la víspera después del registro oficial de su candidatura ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Hace un año, un mes y tres dias, Sérgio Moro usó su cargo de juez para cometer un acto político: condenarme por la práctica de ‘actos indeterminados’ para tentar tirarme de la elección. Usó una ‘fake news’ producida por el periódico O Globo sobre un apartamento en Guarujá, rememoró.
Desde entonces, deploró, el pueblo brasileño aguarda, en vano, que Moro y los demás jueces que confirmaron mi condena en segunda instancia presenten alguna prueba material de que soy propietario de aquel inmueble.
Lula alegó que, por el contrario, cada día surgen nuevos hechos que ratifican la actuación ilegítima de agentes del sistema judicial para condenarlo y mantenerlo en prisión.
Más adelante recalcó que la Ley Electoral garantiza que solo no será candidato si muere, renuncia o fuera descartado por la justicia.
‘No pretendo morir, no considero renunciar y voy pelear por mi registro hasta el final’, escribió el ex dignatario antes de remarcar que ‘no quiero favores, quiero justicia. No cambio mi dignidad por mi libertad’.
Insistió además en que solo pide que los derechos que hace años vienen siendo reconocidos por los tribunales en favor de centenas de otros candidatos también sean observados para él, pues ‘no puedo admitir casuismo ni juicio de excepción’.
Significó asimismo que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ya emitió una decisión que impide al Estado brasileño causarle daños irreversibles a sus derechos políticos, lo cual refuerza la imposibilidad de impedirle que dispute las elecciones de 2018.
Sin embargo, anoche mismo la fiscal general electoral, Raquel Dodge, se apresuró a impugnó la candidatura presidencial de Lula alegando su presunta inelegibilidad por estar condenado en segunda instancia, lo cual lo encuadra en la llamada Ley de Ficha Limpia.
Ya desde julio último, la togada anticipó que presentaría la impugnación en el momento adecuado y amenazó que ‘tomaremos, evidentemente, todas las medidas necesarias para que aquellos que no son elegibles tengan una respuesta rápida de la Justicia Electoral’.
Además del pedido de Dodge, el TSE recibió anoche otras dos demandas de impugnación presentadas por candidatos a diputados de la derecha: el actor Alexandre Frota, del Partido Social Liberal (PSL) y Kim Kataguiri, aspirante de los Demócratas (DEM) y uno de los coordinadores del Movimiento Brasil Libre (MBL).
(Tomado de PL)