Desde el triunfo del Primero de Enero de 1959 un principio básico de la Revolución ha sido consultarle al pueblo aquellas medidas o leyes, de transcendental impacto, que se adoptarían en beneficio suyo y de la soberanía del país, algunas de las cuales requirieron de su análisis, debate y enriquecimiento en busca de un amplio y mayoritario respaldo.
En años más recientes así ocurrió, por ejemplo, cuando de julio a octubre de 2013 en sus respectivos centros de producción y servicios más de tres millones de trabajadores -incluidos los del sector no estatal-, aportaron ideas, recomendaciones y expresaron sus criterios sobre el Anteproyecto de Ley del Código del Trabajo, dado la necesidad de sustituir el de 1985, vigente hasta entonces.
Todos los planteamientos fueron recogidos y procesados por decenas de comisiones en municipios, provincias y la nación, integradas por expertos en la materia y cuadros y funcionarios del movimiento sindical.
Ese debate popular se desarrolló antes de la celebración del XX Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba y el documento en cuestión, ya enriquecido con los aportes salidos de los llamados parlamentos obreros, finalmente fue aprobado como Ley del Código del Trabajo por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
En abril del 2016, el Séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba acordó que la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, y las bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos, se debatieran en el seno de la militancia y de amplios sectores de la población.
Así, del 15 de junio al 20 de septiembre de ese año, con la participación de más de un millón 600 mil personas, se realizó en todo el país tal proceso de consulta, del cual emanaron 208 mil 161 nuevas propuestas.
De manera que tras ser enriquecidos al calor de estas reuniones en la base, y aprobados el 17 de mayo de 2017 en un pleno del Comité Central, fueron sometidos a la consideración del Parlamento la Conceptualización del Modelo y los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, también con nuevas modificaciones, e informados los diputados acerca del proceso de conformación de las bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.
Al decir del General de Ejército Raúl Castro Ruz estos “son los documentos más estudiados, discutidos y rediscutidos de la historia de la Revolución”, según reseñó entonces el periódico Granma, en alusión al carácter democrático del mencionado proceso político.
En consonancia con este principio, en la reciente primera sesión ordinaria de su IX Legislatura, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la realización –desde el 13 de agosto y hasta el 15 de noviembre de 2018-, de una consulta popular del proyecto de Constitución de la República, paso trascendental antes del referendo final.
Como señalara el 26 de julio el Primer Secretario del Comité Central del Partido en el acto central por el aniversario 65 de la gesta del Moncada, “la actual Constitución, aprobada hace 42 años en un escenario nacional e internacional muy diferente al actual, requiere ser reformada, con el propósito de incluir las transformaciones socioeconómicas implementadas en correspondencia con los acuerdos adoptados en el Sexto y Séptimo congresos del Partido Comunista de Cuba.
“Se iniciará un trascendental ejercicio político y democrático cuyo éxito dependerá, en primer lugar, de la participación activa y comprometida de los cubanos, bajo la conducción del Partido Comunista y el concurso de la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masas, en el cual debe lograrse que cada ciudadano comprenda la necesidad y el alcance de los cambios que debemos introducir en la Constitución, de modo que se garantice el carácter irrevocable del socialismo y la continuidad de la Revolución”, dijo Raúl.
Esa consulta popular permitirá que los ciudadanos expresen sus criterios y sugieran cambios al documento normativo, un paso genuinamente democrático y poco común en la arena internacional, donde solo se le presenta al pueblo la Constitución para dar el Sí o el No en un referendo, sin la oportunidad de participar activamente en la construcción del texto.
Tal como subrayara Miguel Díaz Canel, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros al clausurar el primer periodo ordinario de sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional, “este ejercicio de participación directa del pueblo adquiere la mayor relevancia política y será un reflejo más de que la Revolución se sustenta en la más genuina democracia”.
(Tomado de ACN)
