Por Fabio Fernández Batista
El triunfo del 1.° de enero de 1959 fue el tiro de gracia para la república burguesa imperante en Cuba desde 1902. Los barbudos encabezados por Fidel implicaron a todo un pueblo en la tarea de subvertir la realidad social en beneficio de los de abajo. Al compás de radicales medidas como las leyes de Reforma Agraria y las nacionalizaciones, se sentaron las bases del complejo proceso de transición socialista. Como elemento central de este se entendía la necesidad de reformular los tradicionales espacios de acción política, en función de garantizar la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones. La Revolución, dígase el socialismo, no se circunscribía solo a la redistribución de la riqueza en favor de las clases subalternas, sino que implicaba una manera distinta de concebir la política. Se abrían así las puertas para el ejercicio de la democracia directa, distante del fracasado modelo político republicano que, durante décadas, fue incapaz de materializar las aspiraciones de la población insular.
La construcción de una sociedad cualitativamente superior implicó la puesta en vigor de un ordenamiento jurídico que normara el funcionamiento del país. El gobierno provisional revolucionario —investido de facultades constituyentes— promulgó el 7 de febrero de 1959 la denominada Ley Fundamental, en la que convergían artículos procedentes de la Constitución de 1940 y la legislación que emanaba de la acción práctica de la Revolución. Entre 1959 y 1976, durante la llamada provisionalidad, este cuerpo jurídico resultó el marco regulatorio bajo el que se desarrolló la transformación de la sociedad cubana.
Para inicios de la década de los setenta, y en el contexto del análisis de los éxitos y reveses del decenio anterior, se hizo palpable la necesidad de avanzar en la institucionalización del país. La Revolución entraba en su madurez y se abocaba a definir las estructuras que debían guiar su evolución ulterior. Dentro de este proceso, donde cabe destacar la celebración en 1975 del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), resultaba vital la elaboración de una nueva constitución, capaz de llenar los vacíos que una legislación provisional como la Ley Fundamental no cubría.
El camino hacia la promulgación de la Constitución se inició el 22 de octubre de 1974 cuando, por acuerdo del Buró Político y el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, se designó la comisión encargada de elaborar el anteproyecto. Se abría así un proceso de discusión que implicó a toda la ciudadanía en sus más diversos espacios de expresión. La opinión popular enriqueció sobremanera la propuesta original y permitió que el proyecto de Carta Magna condensara el sentir de los cubanos de mediados de los setenta. El colofón del democrático proceso, en el que participaron más de 6 millones de personas y donde por iniciativa popular fueron modificados 60 de los artículos contenidos en el anteproyecto, lo constituyó la celebración —en 1976— del referendo popular convocado a fin de validar el texto constitucional. En la consulta participó el 98 % del padrón electoral y el 97,7 % de los votantes aprobó el nuevo cuerpo regulatorio.
Entre los aspectos notables contenidos en la Constitución de 1976 merecen destacarse los siguientes:
- La consagración de amplios derechos ciudadanos para todos los cubanos sin espacio para ningún tipo de discriminación.
- El carácter socialista del Estado.
- La centralidad de la propiedad socialista sobre los medios de producción.
- El papel del Partido Comunista de Cuba como vanguardia organizada de la clase obrera y fuerza dirigente de la sociedad.
- La asunción de los principios inherentes a la existencia de un Estado de derecho.
- El establecimiento de los Órganos del Poder Popular.
Bajo los presupuestos de la Constitución socialista transitó Cuba los años conclusivos de la década de los setenta y todo el decenio de los ochenta. Dentro de este lapso debe señalarse que el 28 de junio de 1978 la Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales, introdujo un cambio en la Carta Magna, con el fin de validar la nueva denominación de Isla de la Juventud que se le daba a ese municipio especial, antes Isla de Pinos.
La llegada de los años noventa supuso para el país un cambio radical. El campo socialista se hundía bajo el peso de sus propios errores. De súbito, Cuba se quedaba sola en el contexto de un mundo unipolar que creaba condiciones para el recrudecimiento de la hostilidad de los Estados Unidos. La crisis económica del llamado Período Especial, las medidas de contingencia implementadas por la dirección del país y el nuevo escenario social gestado deben entenderse como fundamento de la decisión del liderazgo revolucionario de impulsar una reforma constitucional, que atemperara el texto de 1976 a la realidad que entonces se vivía.
Los fundamentos de las modificaciones a realizar a la Constitución quedaron definidos en el marco de los debates del IV Congreso del PCC en 1991. El esfuerzo se dirigía a perfeccionar la democracia socialista a partir de la incorporación de conceptos y perspectivas en plena coherencia con los complejos momentos que vivía el país. Entre los presupuestos centrales de la Constitución reformada se destacan:
- Preservación de la condición del Partido Comunista como fuerza dirigente de la sociedad, aunque ahora definido como vanguardia del pueblo cubano y no desde un concepto estrecho de clase.
- Renovación de la estructura de los Órganos del Poder Popular, en especial a partir de la creación de los Consejos Populares a nivel local.
- Establecimiento del voto directo y secreto de la ciudadanía para la elección de los delegados a las asambleas provinciales y diputados a la Asamblea Nacional.
- Definición del Estado cubano como laico en sustitución del criterio anterior que lo consagraba como ateo.
- Ampliación y protección del ejercicio de numerosos derechos y libertades fundamentales.
La Reforma Constitucional de 1992 resultó uno de los soportes más importantes para la preservación del consenso político en el país. Los cambios introducidos en el texto de 1976 reforzaron la democracia socialista, a partir del principio que entiende a esta como expresión del empoderamiento ciudadano. La alta participación popular en los procesos electorales desarrollados a lo largo de las casi tres décadas que nos separan de la reforma validan su papel como soporte del proyecto socialista cubano.
La última reforma a la Constitución vigente se realizó en el año 2002, en el marco de un escenario político complejo caracterizado por la hostilidad hacia Cuba de la administración republicana de George W. Bush. Eran los tiempos de la “guerra contra el terrorismo”, el combate contra el “eje del mal” y las amenazas contra los “oscuros rincones” que desafiaban la hegemonía norteamericana. En este contexto, el tema cubano volvía a obsesionar a los halcones de Washington y esto daba pie al apoyo desembozado a los grupos contrarrevolucionarios.
Ante las pretensiones imperiales, las organizaciones sociales y de masas representativas de la voluntad popular iniciaron una campaña de apoyo a la Revolución que tuvo como máxima expresión la convocatoria a refrendar, a través de la firma pública de los electores, el carácter irrevocable del socialismo y el sistema político y social revolucionario. La rúbrica de más de 8 millones 198 mil 237 cubanos representó una sonora derrota para aquellos que soñaban con poner fin al proceso revolucionario y se expresó en la explícita definición en el artículo 3 de la Constitución de que Cuba no volverá jamás al capitalismo.
La historia constitucional de la Revolución cubana entra ahora en una nueva fase, con el inicio del proceso que conducirá a una reforma total de la Carta Magna. Cambiar todo lo que deba ser cambiado sin perder el asidero que brindan las esencias de un proceso histórico consagrado a la lucha por la justicia social y la soberanía nacional ha de ser el norte que guie las discusiones. La entereza y sabiduría de nuestro pueblo, tantas veces demostradas, sabrán prevalecer.
