Un proyecto de Constitución que fortalecerá la unidad de los cubanos (Cobertura Especial)

Por: Alina Mena Lotti, Alina Martínez y Ariadna A. Pérez

 

Clausuró el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz−Canel sesión ordinaria de la Asamblea Nacional

“Podemos afirmar que estamos frente a un proyecto que contribuirá, luego de la consulta popular, a fortalecer la unidad de los cubanos”, sentenció el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Diaz−Canel al clausurar hoy el Primer Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura.”.

Luego de concluidos los debates sobre el anteproyecto de reforma constitucional, comentó que en los próximos días comenzará la preparación de los compañeros seleccionados en cada una de las provincias para llevar adelante el proceso de consulta popular, este ejercicio de participación directa del pueblo que adquiere la mayor relevancia política y que prueba que “la Revolución se sustenta en la más genuina democracia”,

Aseguró que esta profunda reforma a nuestra Constitución contribuirá a la institucionalidad del país y con ello a la actualización del modelo económico y social aprobado por en el VI y VII Congreso del Partido.

Dijo que todo se ha inspirado en quienes inmortalizaron en el pueblo de Guáimaro, en Camagüey, la primera constitución cubana.

En su intervención comentó que se ha debatido en varias sesiones el proyecto de Constitución de la República.

“Ha sido valioso y provechoso el estudio previo y el debate sostenido en estos días. Debate apasionado, comprometido, crítico, patriótico y aportador, centrado en el humanismo de Fidel y Raúl”.

Asimismo, subrayó el valor de la Comisión encargada de redactar y presentar el proyecto de Constitución, liderada por el General de Ejército.

Una vez más con sano orgullo —aseveró— sentimos que en este Parlamento también somos cubanos.

 

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Aprobado por unanimidad Proyecto de Ley de la Constitución de la República

Por unanimidad los diputados aprobaron el Proyecto de Ley de la Constitución de la República, con las modificaciones acordadas en el transcurso de su análisis y los acuerdos tomados después de varios días de estudio y debate. También se aprobó que el Proyecto se someterá a consulta popular desde el 13 de agosto hasta el 15 de noviembre del actual año.

 

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Continúan los debates en torno al anteproyecto de Reforma Constitucional

Durante la segunda jornada de trabajo del Primer Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular este domingo, continúan los debates sobre el anteproyecto de Reforma Constitucional de la República de Cuba; análisis que se inició la víspera, cuando se produjeron 84 intervenciones.

Presiden la sesión plenaria el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz−Canel Bermúdez y el Primer y Segundo Secretario del Comité Central del Partido, General de Ejército Raúl Castro Ruz y José Ramón Machado Ventura, respectivamente.

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Sobre los Derechos, Deberes y las Garantías

Varias intervenciones generaron entre los diputados el artículo 40 del título 4 del anteproyecto de Reforma Constitucional en relación con los Deberes, Derechos y las Garantías.

Con el objetivo de mantener la coherencia de los principios, Arelys Santana Bello señaló incorporar al texto la no discriminación por razones de género, concepto que aparece muy bien explicado en el glosario que acompaña a la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista.

En este sentido, Mariela Castro, explicó que sexo y género no son lo mismo, pues el género es una categoría que permite analizar, y trabajar las diferentes dimensiones de ser hombre y mujer, y no solo refiere las razones de discriminación de la mujer, sino también de los hombres.

De Guantánamo, la diputada Idaliena Díaz Casamayor, se refirió al artículo número 41, y solicitó que se contemple el término «garanticen» y no «faciliten», en relación con la igualdad, con el objetivo de equiparar los términos y proporcionar una mayor seguridad ciudadana.

En relación con este planteamiento, Magela Fernández valoró que no hay contradicción. “Una cosa es el fin, que es lograr la igualdad, y lo otro es el medio, que se refiere a crear las condiciones para lograrla.

El Estado lo que puede hacer es crear las condiciones, educar a la sociedad sobre la base de determinados principios. Agregó que el artículo 41 deja explícito la intención del Estado, de trabajar en pos de crear las condiciones necesarias para lograr la igualdad como un fin.

Un amplio debate propició la intervención de Bárbara Idalia Jurqué Medina, relacionada con la protección de la mujer y el compromiso del Estado por ampliar la disponibilidad de círculos infantiles, seminternados y casas de abuelos —un sueño que hizo posible el Comandante en Jefe Fidel Castro y Vilma Espín— para asegurar la plena participación de la mujer en la obra de la Revolución, sin descuidar a la familia.

Al dar una explicación sobre el asunto en cuestión, Teresa Amarelle Boué, consideró que el artículo 45 está bien redactado y deja claro que el Estado garantiza a mujeres y hombres iguales derechos.

Amarelle precisó que la Constitución recoge las esencias y que, de alguna manera, la petición de Bárbara Idalia está contenida en otros artículos, como el número 67, por ejemplo. Además, dijo, dentro de la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista existen políticas que garantizan los beneficios a la mujer.

Al intervenir en el punto, el Secretario del Consejo de Estado Homero Acosta Álvarez, quien dirige el debate, explicó que las garantías tienen varios ámbitos, como la jurídica, plasmada en leyes y resoluciones, y están también las cuestiones materiales.

Dijo que no cree necesario entrar en detalles de cuáles son esas cuestiones materiales, que la Constitución no tiene por qué especificar, como es el caso de los círculos infantiles.

“Tenemos que ser muy racionales y objetivos respecto a cómo se plasman esas garantías que después no son objetivamente cumplibles”, enfatizó.

Sobre el asunto también intervino Yanet Hernández, miembro de la Comisión que ha tenido la responsabilidad de redactar el anteproyecto, quien aseguró que el Ministerio de Educación (MINED) da seguimiento a la disponibilidad de círculos infantiles, y que no solo se ocupa y preocupa por ello, sino también de la cobertura docente que también la garantiza la atención a los niños y agregó que hoy, incluso, en la capital, hay salones cerrados por no contar con el personal necesario.

Aseveró que lo relacionado con los círculos infantiles está en la voluntad política, de manera particular en la Ministra de Educación y su equipo de trabajo, pero la Constitución es la ley de leyes y existen otras vías que dan respuesta a un grupo de elementos, como este.

Respecto a la petición de incorporar como garantía del proceso penal la participación del abogado desde el principio, ya que hoy interviene de forma tardía, se consideró un reclamo justo, pero no es una discusión para este momento, porque lo que tiene rango constitucional es el derecho a la defensa. La diputada está de acuerdo con que esto se incorpore a la ley de procedimiento penal y se mantenga en el Proyecto como está redactado.

 

Libertad de prensa y expresión

La diputada Daycar Saladrigas González se refiere al artículo 60, donde se reconoce a los ciudadanos la libertad de palabra y prensa, y propone separarlos porque en los dos párrafos que acompañan a ese enunciado solo se hace mención a los medios fundamentales de propiedad social, y estos no son el único espacio para la expresión ciudadana.

Agregó que acabamos de aprobar una política de comunicación y esta es un bien público y derecho ciudadano y los medios son solo uno de los espacios para ello. Además de separarlos debiéramos sustituir la libertad de palabra por la de expresión y ponerlo en el artículo 59. Considero muy valiente que un término tan manipulado internacionalmente como la libertad de prensa se defienda en nuestra Constitución, dijo.

Yailín Orta miembro de la comisión opinó que podría tenerse en cuenta a partir de la sugerencia que la diputada hace de formularlo en el 59. Habíamos respetado la redacción de la Constitución vigente porque si bien son especificidades diferentes, nos parecía que se complementaban estas garantías.

Se consideró correcta la propuesta de incluirla en el artículo 59.

El diputado Eduardo Torres Cuevas apunta que en esto hay una carga histórica, siempre se habló de libertad de palabra y el concepto que más se aviene es la libertad de expresión.

Por otra parte, la diputada Liliana Mengana Orozco se refiere al Artículo 64. Se plantea que las personas tienen derecho a dirigir quejas a las autoridades, pero sugiere agregar la frase con identificación, ya que existen los anónimos a los que acuden determinadas personas que fueron sancionadas, tienen miedo a las represalias o le hacen juego al enemigo. Esto provoca confusión en el colectivo y desaliento mientras se da respuesta y, si queda sin razón, el calumniado no tiene derecho a reclamar.

Homero aclara que estos detalles de cómo se ejerce el derecho corresponde a la ley no en la Constitución. La base del derecho es que el ciudadano pueda dirigirse a las autoridades, cómo lo hace, sugiere mantener el derecho como está regulado y dejar esos detalles para la norma. La diputada está de acuerdo.

Mariset Guzmán propone después de la palabra quejas, agregar denuncias y sugerencias, por ser conceptos con los que el pueblo se identifica. En cambio, Ariel Mantecón expresa que no deben confundirse las categorías, denuncia es propia del proceso penal, la Constitución recoge las inconformidades que engloba todo lo expuesto.

Atención a los ancianos y discapacitados

Yovany Chacón Revé refiere que en el artículo 74 se le encarga al Estado el mejoramiento de la calidad de vida y sugiere incluir que la familia no solo atienda al adulto mayor sino al discapacitado.

Homero responde que la atención al discapacitado está en otra parte del texto constitucional.

La diputada Teresa Tamayo Guerra: ese propio artículo se refiere a la obligación de la familia con las nuevas generaciones y el adulto mayor y en nuestras cuadras hay ancianos solos y recae la atención en la comunidad, el delegado, el Estado. Por ello propone que se contemple la garantía de este cumplimiento, no dejarlo a la espontaneidad para que el anciano no quede desprotegido.

Alexis Lorente, miembro de la comisión apunta que en la Constitución actual hay un enunciado que deja clara la responsabilidad con adultos mayores y en el nuevo texto, en los artículos 70, 72 y 74 se contempla la responsabilidad del Estado y de la familia con el adulto mayor por la importancia de este grupo etario que se incrementa en la sociedad, considera que está bien clara la responsabilidad de la familia.

Raúl Alejandro Palmero considera lógica la intervención de la diputada.

Al hablar el tema de los derechos, José Luis Toledo, miembro de la comisión considera que es preciso tomar en cuenta que, en el caso de los derechos económicos y sociales, se establece el carácter proactivo y de cumplimiento del Estado. El segundo aspecto debe venir desarrollado después en un código de familia. Se está analizando todo un capítulo dirigido a la atención del adulto mayor en la legislación y hay un amplio análisis del tema, por tanto no procede lo expuesto.

 

Matrimonio y familia

Mariela Castro Espín interviene sobre el artículo Artículo 68 y señala que con él Cuba se sitúa entre los países de vanguardia en el reconocimiento y garantía de los derechos humanos. Ya que reconoce a varios tipos de familias y el deber del Estado de protegerlas y de no discriminarlas.

Se considera el matrimonio la unión de dos personas con aptitud legal y somete a valoración el texto que continúa para que se deje para las leyes. Si alguien tuviese dudas de la capacidad de las parejas homosexuales para ser padres o madres sugiere que se pongan en el lugar de esas personas, la única diferencia es que su preferencia es hacia personas del mismo sexo. Resultaría una contradicción que reconozcamos entre las causales de discriminación la orientación sexual y no reconozcamos la unión de las parejas homoparentales.

Homero propone dejar en el artículo que el matrimonio descansa en la igualdad absoluta de derechos y deberes de los cónyuges y quede para el Código de Familia la libertad que tienen esos cónyuges para determinar sus proyectos de vida.

Teresa Marelles considera que lo que dice después en relación de que el matrimonio está obligado al mantenimiento del hogar y la educación de los hijos, en relación con el matrimonio entre personas del mismo sexo, la preocupación en este sentido es la adopción y eso debe quedar para el Código de Familia.

El reconocimiento del matrimonio entre dos personas es un gran paso en cuanto a la igualdad y que la familia sea reconocida en toda su dimensión, no debemos enredarnos en el tema de la adopción que se trató en la comisión, sino no discriminar a nadie por su identidad sexual, al decir el matrimonio entre un hombre y una mujer estábamos discriminando, explicó.

Mariela agrega que todo lo que se ponga en favor de las parejas del mismo sexo, está de acuerdo, pero ella plantea que sea más sintetizado, dándole derecho a esa pareja la determinación de los fines de su unión que, no solo es la reproducción. Todas las familias deben tener los mismos derechos para que sus fines sean respetados.

Homero plantea que el concepto de matrimonio tiene una repercusión en la continuación del artículo. Las cuestiones vinculadas a los deberes de los padres respecto a los hijos eso no se limita a las obligaciones del matrimonio, él dejaría la redacción hasta la institución del matrimonio como expresa Mariela.

El tema de los hijos está en el artículo 69, 70, 72. Evitaríamos la confusión de que matrimonio solo sea una obligación de tener hijos y la atención de estos no deriva solo del matrimonio, hay padres que se divorcian y recomponen su familia o tienen hijos de otras parejas y tienen obligaciones.

Ariel Mantecón: Califica esto como un cambio conceptual profundo. Sería complicado desconectar la esencia del matrimonio con sus derivaciones esenciales.

Homero: Algunas de estas cuestiones tienen respuesta en el segundo párrafo de ese artículo. Donde se señalan los derechos y obligaciones que de dicho acto se derivan. Si mantenemos el concepto de matrimonio, de familia, ese párrafo que propone eliminar Mariela enrarece el concepto de matrimonio y de familia diferente.

Marcia comenta que no podemos divorciar la concepción del matrimonio de sus consecuencias jurídicas derivado de los valores con las que educa sus hijos. El hecho de que se abra la posibilidad de matrimonio diferente nos exime de un problema social que abarca a un sector de la sociedad que nos va a agradecer, la institución del matrimonio desvinculada de los hijos nos coloca en desventaja, le restamos a la institución lo que la fundamenta en sí, como está redactado está bien. Por muy avanzados que seamos en ese reconocimiento, no podemos obviarlo. Debe quedarse así. Si por demás le cambiamos la redacción al artículo pensando que estamos sintetizando puede que no nos entiendan a la hora de trasmitir el mensaje.

Yolanda Ferrer considera que este es un debate interesante por lo que encierra de revolucionario:  llevar a la Constitución que el matrimonio es la unión de dos personas, con aptitud legal para ello que voluntariamente asumen una vida en común y que pueden tener o no descendencia. Esta institución social tiene que descansar en el derecho y la igualdad absoluta de los cónyuges. Debemos dejar el artículo tal y como está redactado y esperar a las contribuciones del pueblo en el debate.

Estamos dando un primer paso revolucionario y muy importante que es consustancial a la esencia de justicia social de la Revolución, está en correspondencia con el concepto de Revolución que es igualdad y libertad plenas; ser tratado y tratar a los demás como seres humanos.

Agrega que Vilma Espín decía que la libertad sexual era posible y digna y que podían ser felices personas del mismo sexo. En el año 74 cuando se analizaba lo que debía incluirse en el Código de Familia ella pensaba en el matrimonio entre dos personas, pero no estaban creadas las condiciones para esta propuesta, la justicia que defendemos debe ser inclusiva. En el artículo 40 estamos condenando todo tipo de discriminación, debemos ser consecuentes y la propuesta nos enaltece, dejar el artículo como está y seguir avanzando.

Mariela Ferrán:  Mariela me ha hecho pensar cuando ponemos la segunda parte del artículo está fundamentado en que el matrimonio no tiene un sentido económico, ligado a esto está que si hubiéramos querido proteger a personas del mismo sexo en este sentido, lo haríamos como la constitución de Ecuador donde la protección es económica, se pregunta por qué decirles a todos los matrimonios cuáles son sus fines, hay personas que no pueden tener hijos, y no pueden incluirlos en sus fines. Es importante permitir que cada matrimonio construya sus propios fines y ello no es solo para matrimonios del mismo sexo, hay matrimonios heterosexuales que son infelices. Tenemos que abrir las dos hojas de la puerta y no somos quién para definir los fines del matrimonio sino cada cual debe definirlos.

Gerardo Hernández Nordelo: Le parece que lo que todos esperábamos del debate no se ha suscitado, se afecta a parejas del mismo sexo, habla de que el matrimonio está obligado al mantenimiento del hogar y la atención de los hijos. Él no ha conocido a matrimonios sin hijos a que hayan violado la Constitución, el texto puede quedarse así, porque hay matrimonios cuyo objetivo no es tener hijos. Durante muchos años, señala, los legisladores estuvieron discutiendo cosas tan elementales si las mujeres o los negros debían tener derecho al voto y hubo que romper con la tradición, había un rechazo.

Más adelante dijo: A nuestro Parlamento lo han acusado de ponerle un cuño a lo establecido y se siente orgulloso de que se haya estado discutiendo con tanta madurez y profundidad, todo no ha salido por las cámaras sino se ha discutido mucho más en las comisiones. Ante este ejercicio de democracia y sobre todo el que viene ahora, el debate cubano por cubano, no me explico cómo los enemigos de la Revolución van a decir que en Cuba no hay democracia. Esta parte del texto si no ha afectado hasta ahora a personas sin hijos, personas del mismo sexo no se tienen que sentir amenazados, se puede quedar así.

Mariela agradece todas las opiniones que son favorables a lo que se dice en el artículo, la concepción del fin reproductivo exclusivamente del matrimonio se puede ir superando por el camino. Lo incluido en la Constitución descansa en la igualdad absoluta de derecho de los cónyuges, si se incluyen a todas las familias en esos derechos y responsabilidades, bienvenidos. Debemos además si consideramos los fines reproductivos, incluir la posibilidad de que todas las parejas puedan tener hijos por distintas vías. Lo importante es que en el documento no se recoja ningún tipo de discriminación.

Miguel Barnet señala que siente un inmenso orgullo de estar en este Parlamento, no voy a entrar en cuestiones jurídicas, puntualiza, estamos inaugurando una nueva era, esta es una constitución dialéctica y moderna, si hay que romper la tradición se rompe porque este es un acto revolucionario y en el socialismo no cabe ningún tipo de discriminación. El amor no tiene sexo, concluye.

Se mantiene el artículo 68 como está en el proyecto y se relegan otros asuntos vinculados a para otro momento.

Otro diputado considera que este artículo redundará en una mayor unidad de la nación.

Más sobre derechos y deberes

En relación con los deberes y derechos, la diputada Tania Esquivel al referirse al artículo 70, en su segundo párrafo, propuso cambiar la palabra ayudar por atender, pues “es más abarcador” por la obligatoriedad que tienen los hijos respecto a los padres.

Agregó que ello resulta más factible, ya que de esta forma “le estaríamos quitando al Estado esa responsabilidad”, y este podría ocuparse de quienes realmente no cuenten con el cuidado familiar.

Al referirse a ese propio artículo, Marisel Castañeda Morales, diputada por el municipio habanero de San Miguel del Padrón, consideró oportuno cuando se habla de los padres respecto a la atención de los hijos, sustituir la palabra deber por obligación, y agregó que en la medida que los hijos sean atendidos por la familia luego estos serán los primeros en atenderlos.

Sobre el propio tema intervino Caridad Molina Rondón, diputada por Manzanillo, provincia de Granma, quien subrayó no solo la responsabilidad que tienen los padres en la educación de los hijos, sino también el deber de estos sobre sus padres.

Del municipio de Marianao, Danis Díaz Pereira, al hacer referencia al artículo 74, pidió agregar en la protección de las personas con discapacidad no solo la responsabilidad del Estado, sino también la de la familia y de la sociedad.

Al comentar sobre tal planteamiento, Homero Acosta subrayó que el artículo 67 tiene que ver con la familia, en tanto en los siguientes se habla de la responsabilidad con los niños, las niñas, los adolescentes y los adultos mayores. Afirmó que después se  incorporaron las personas con discapacidades, y a partir de ello consideró válido agregar la responsabilidad de la sociedad y la familia, teniendo en cuenta la importancia la importancia de su reincorporación social.

Sobre la seguridad alimentaria habló la diputada Daicar Saladrigas González, en particular el artículo 88, aspecto que se enfoca solo desde la responsabilidad del Estado, al margen del derecho de las personas a la alimentación.

De igual manera, Lourdes Milagros Caballero Garzón, comentó lo relacionado con el artículo 83 que expresa la responsabilidad del Estado respecto a la salud, a lo cual propuso agregó la de tipo individual y la que debe tener en tal sentido la familia.

 

Política cultural, educacional y científica

En relación con el artículo 95, inciso C, el cual se refiere a la historia de la nación, el diputado Yener Infante creyó oportuno incorporar a esta política educativa, cultural y científica, lo medio ambiental.

En tal sentido, Elier Ramírez, integrante de la Comisión responsabilizada con la redacción del anteproyecto constitucional, consideró que no resulta necesario incluir el término, pues sino también tendría que hablarse de la cultura económica, jurídica, y otras.

Homero Acosta coincidió con Elier, y aseveró que no debe hacerse tal precisión, pues es un concepto amplio que resume otros.

De la provincia de Mayabeque, Aramis Padilla Martínez señaló en relación con la creación artística la importancia de que quede bien definido el respeto a los valores de la sociedad, sobre todo teniendo en cuenta que se trata del arte.

“Una cosa es expresarse libremente y otra utilizar el arte como arma movilizativa”, enfatizó.

La también integrante de la Comisión, Johana Odriozola, aclaró que en el artículo 42 están las herramientas que permiten identificar cualquier actitud violatoria de esos deberes y derechos.

Por el municipio de Calimete, Lilian Mendoza Estrada, manifestó que al hablar de cultura y educación es imprescindible sustituir el término conservación por salvaguarda.

Sobre dicha propuesta, Eduardo Torres Cuevas, resaltó que tales observaciones son importantes y sugirió que la comisión de estilo las estudie, porque una respuesta inmediata seria complicada, no tiene que ver con la sustancia, sino con cambio de términos.

En relación con el artículo de protección a los monumentos, Edita Castillo Puebla, consideró incluir los monumentos locales, por lo que representan para la identidad y el patrimonio local.

Tal intervención fue enriquecida por la valoración de Luis Morlotte, quien aportó la idea de hablar de monumentos en sentido general, aunque también otorgó la responsabilidad a la Comisión de Estilo.

 

Papel de los gobiernos locales

Un tema abordado por el diputado Alexis Mora Sarmiento es la solicitud de aclarar en el  artículo 136 que el primer ministro es designado por un período de cinco años, y sin embargo los principales cuadros del país se mantiene este período por dos mandatos, debe acotarse así y si no es así, habría que poner por períodos de cinco años.

Miguel Mario Cabrera responde que se decidió dejar así, dos períodos para el presidente y lo demás se precisará en la legislación específica para los cuadros.

Un tema que suscitó varios debates fue el del papel de los gobiernos locales.

Dariannis Ramírez: Artículo 164 sobre la autonomía de los municipios se señala en el proyecto que va a ser ejercida con la solidaridad, la colaboración y la cooperación entre los territorios, lo que favorecerá a su entender el desarrollo y eliminará desproporciones. Plantea que la norma debe detallar los recursos de que se trata y hasta qué punto el municipio puede decidir sobre ellos para no ir en detrimento de los recursos de la nación. Ya existen experiencias con la utilización del 1%.

La diputada María Paterson Adams: apoya el cambio de estructura por las potencialidades que les otorga a las asambleas municipales y facilita la gestión de los principales planteamientos de la población. Eso está en concordancia con lo expresado en el concepto de Revolución de cambiar lo que deba ser cambiado y con lo expresado por José Martí de quien quiera hacer encuentra medios y quien no quiera hacer encuentra solo justificaciones.

José Enrique Remón:  Trae al debate cómo los consejos populares pueden ejercer control sobre entidades que no son de subordinación local enclavadas en el territorio, Cómo se puede ejercer el control sobre entidades que no son de subordinación local.

José Luis Toledo El proyecto está centrado en el eficiente funcionamiento del consejo popular, el cual no cuenta con recursos para actuar sobre una entidad nacional, pero eso no limita el derecho a que si en una de esas entidades se suscita un problema que afecta a los pobladores de ese lugar, pueda canalizar dicha preocupación.

Nancy Acosta: Subraya de cuando algo esté afectando u ocurren desviaciones en esas entidades o interfieren en la comunidad, los consejos populares pueden intervenir para canalizar su solución.

Gerardo Hernández Pupy, señaló que las atribuciones de los consejos populares están bien delimitadas. Los Consejos Populares son una idea genial del Comandante. La Ley reconoce que está investido con una alta autoridad y por tanto están llamados a resolver los problemas del barrio y darle participación a la población, deben concentrar su acción en la demarcación, no quiere decir que no se pueda tener criterio de una empresa nacional. Lo que hay que jugar el papel para los que los concibió Fidel. No podemos permitir, expresó que un administrador de un lugar que se sustituyó aparezca en otro, el presidente de allí tiene que averiguar de dónde vino y por qué.

Ramón Estévez Solís: Sugiere que  las  rendiciones de cuenta se realicen una vez al año para que el delegado tenga más alternativas de soluciones y así se fortalece su labor, lo que se tendrá en cuenta en su momento.

No hay frontera, sino ilegalidad

Edita Castillo Puebla dijo que el capítulo propone incorporar un artículo que reconozca la frontera del país como una zona de alta sensibilidad, al referirse a la ilegal Base Naval de Guantánamo.

Nancy Acosta, plantea que eso es ilegal y la Constitución no tiene por qué recogerlo, además hay políticas territoriales y nacionales para el tratamiento de lo que pueda ocurrir en esa zona. Nos corresponde seguir luchando para que nos sea devuelto el territorio ilegalmente ocupado por la Base Naval de Guantánamo.

Elier Ramírez explica que en el Proyecto se consideran nulos todos los pactos que disminuyen la soberanía nacional y la integridad territorial de la nación, lo que ha sido violatorio tanto de la Constitución del 76 como la del 40.

Yolanda Ferrer Gómez recomienda que en las disposiciones transitorias se establezca un cronograma legislativo.

 

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