Todavía desata ciertas oleadas de añoranza el recuerdo de una época allá por los años 80 del siglo pasado en que vivió su apogeo la llamada organización científica del trabajo, y como parte integrante de esta, la normación del trabajo.
Ese fue el clímax de una concepción que arrancó tan temprano como a principios de los 60, a partir de las preocupaciones del entonces ministro de Industrias, Ernesto Che Guevara, por perfeccionar los procesos de gestión y aplicar los avances de la ciencia y la técnica al mundo laboral cubano.
Lo que no siempre guardamos en la memoria son las circunstancias de la desarticulación de todo aquel sistema organizativo, que si bien no fue el motivo directo, sí contribuyó o fue una de las expresiones, por su carácter instrumental, de los problemas de burocratismo, mercantilismo y caída de la productividad real del trabajo que condujeron a la inconclusa rectificación de errores y tendencias negativas ya hacia finales de aquella misma década.
Los aparatos administrativos inflados, los estudios y normas en función de pagar más salario, sin un respaldo productivo concreto, y todas las distorsiones económicas e ideológicas que aquello creaba, provocaron un rechazo tajante hacia métodos que en sí mismos no eran los culpables. Su desajuste era efecto, no causa.
Luego llegaron los tiempos de crisis económica del período especial, cuando quedaron muy poco trabajo o producciones que fueran posibles organizar o normar, y aquellas concepciones de trabajo que pasaron a ser referencias lejanas que cargaron además —en parte injustamente— con el estigma de lo fallido.
Sin embargo, la testaruda realidad vino otra vez a recordarnos, a partir de los debates sobre los Lineamientos del Partido y la Revolución, y como parte de la actualización de nuestro modelo económico y social, que hacen falta la organización del trabajo, que no es posible producir o prestar servicios sin estándares precisos de cantidad y calidad, y que solo mediante una aplicación científica y rigurosa de esas herramientas será posible ser eficientes y eficaces, así como garantizar la aplicación correcta del principio de distribución socialista, de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo.
Pero la organización y normación del trabajo que necesitamos hoy no puede ser, y seguro no lo será, la que tuvimos durante su apogeo del siglo pasado. Aquellas superespecializaciones y departamentos de normadores, organización del trabajo y los salarios, protección e higiene, etcétera, etcétera, quizás ya no sean la forma más moderna y racional para la solución de estos asuntos.
Las ciencias técnicas y gerenciales avanzaron de manera vertiginosa en lo que va de este milenio, las nociones de la autonomía empresarial evolucionaron a la par de la transformación del papel regulador del Estado hacia mecanismos más sutiles, emergieron como urgencias nuevas dimensiones que el mundo laboral no puede desconocer, como la ambiental o la comunicacional, los procesos de aseguramiento de la calidad incorporaron otros enfoques y las tecnologías informáticas cambiaron nuestra forma de trabajar y hasta de pensar y de vivir.
En tales circunstancias otra organización y normación del trabajo no solo es posible, sino que es deseable y necesaria. Las incongruencias técnicas y políticas que no pocas veces saltan a la vista como consecuencia de la aplicación incorrecta de los sistemas de pago por resultados, son el mejor ejemplo no solo de la necesidad de retomar la cientificidad de estas materias, sino de repensarlas para reconstruirlas y llevarlas a planos superiores.
La propia participación de los colectivos de trabajadores y del sindicato en la gestión y supervisión de los procesos administrativos también tiene que ensayar nuevos cauces, que acompañen e impulsen, sobre bases y presupuestos distintos, esta imprescindible resurrección de la organización y normación del trabajo.
