Los hechos de violencia que desde hace varias semanas conmocionan a Nicaragua, promovidos por la derecha y protagonizados por grupos y turbas extremistas sin una determinada filiación política e ideológica, no surgieron de forma espontánea, obedecen a un patrón subversivo diseñado por Estados Unidos para desestabilizar gobiernos ajenos a sus intereses imperialistas.
Estos acontecimientos, que quiebran el orden institucional y mantienen inestabilidad e inseguridad en la nación centroamericana, han incluido incendios, saqueos y otros actos vandálicos, que han causado más de 150 muertos, mil heridos y la pérdida de valiosos bienes materiales.
Los sucesos comenzaron como una airada respuesta a la Resolución del Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) adoptada en abril pasado, que tenía como propósito otorgarle una sostenibilidad mayor a esa entidad mediante el aumento de la contribución de los trabajadores y los patronos de las empresas privadas.
Tal argumento, utilizado para instigar el malestar y las protestas populares, quedó sin fundamento ante la revocación de la controvertida Resolución por el presidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, quien llamó a un diálogo nacional para restablecer y preservar la paz en el país.
Sin embargo, la derecha y grupos a su servicio, estimulados desde Washington, se han empleado a fondo en la labor desestabilizadora del Gobierno sandinista, negándose a unas negociaciones donde participarían las instituciones sociales, los partidos políticos, los estudiantes, la empresa privada y la alta jerarquía católica, representada en el Consejo Episcopal.
No obstante, la exhortación del mandatario ha contado con el apoyo de miles de nicaragüenses que se han movilizado en respaldo al Gobierno, en defensa de las conquistas alcanzadas con la Revolución Sandinista, y que se pronuncian por el cese de la injustificada violencia y el mantenimiento de la paz.
Las acciones desestabilizadoras son respaldadas por una virulenta campaña de prensa de Estados Unidos y de medios occidentales, tratando de mostrar a una Nicaragua en caos, de incontrolable violencia, carente de abastecimientos básicos para la subsistencia de la población.
En tales circunstancias fue reiniciado el diálogo nacional entre las autoridades del Gobierno del presidente Ortega, el cual condena los actos criminales y de injustificada violencia, y se pronuncia por la reconciliación y la paz en la nación.
La mano que mueve esta conjura interna se encuentra fuera de las fronteras ticas. Se localizan en la Casa Blanca, el Congreso y el Departamento de Estado estadounidense.
La preparación artillera para derrocar al Gobierno Sandinista tomó carta de naturaleza en el injerencista proyecto de ley Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act), aprobado en octubre del 2017 por la Cámara de Representantes del Congreso de EE. UU., para ser refrendada por el Senado.
Tal iniciativa de agresión extraterritorial pretende ahogar a Nicaragua mediante un bloqueo económico y financiero unilateral, e imponerle condiciones para acceder a préstamos internacionales y estadounidenses, lo que constituye una flagrante violación de la soberanía del país, de la ley internacional y de los derechos humanos de esa población latinoamericana.
En su segunda fase desestabilizadora, la cual refuerza la imagen de inseguridad y anarquía, el Departamento de Estado de EE. UU. ha determinado la salida de familiares de sus diplomáticos en Managua y recomendado a sus ciudadanos no viajar al país.
Washington no quiere una Nicaragua con una política exterior independiente y antimperialista, solidaria con Cuba, Venezuela, Bolivia, Rusia, China, el Alba y la Celac. No le gusta que desde una economía en desarrollo hayan logrado notables avances económicos, políticos y sociales. No le agrada la nación soberana e independiente, que sigue firme en su compromiso con que América Latina y el Caribe sean una Zona de Paz, libre de bases militares.
