El venidero 27 de mayo 36 millones 227 mil 267 colombianos estarán habilitados para votar en unos comicios presidenciales que pondrán a prueba la verdadera vocación de paz de la nación sudamericana. Los candidatos que finalmente han llegado a este momento crucial son: Iván Duque (Centro Democrático), Gustavo Petro (Colombia Humana), Sergio Fajardo (Compromiso Ciudadano o Coalición Colombia), Germán Vargas Lleras (Mejor Vargas Lleras) y Humberto de la Calle (Partido Liberal Colombiano).
El pasado día 16 la firma Cifras & Conceptos auguró balotaje a partir de la aplicación de un modelo de pronóstico que combina el procesamiento de encuestas con el estudio de los resultados de las legislativas del 11 de marzo. Según este análisis Iván Duque y Germán Vargas Lleras pasarían a la segunda vuelta (prevista para el 17 de junio), mientras Gustavo Petro quedaría en tercer lugar.
Otra investigación, el tercer monitoreo de Estudio de Opinión Pública, realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, ubica a Duque al frente, a Petro siguiéndole los pasos, y no descarta el balotaje entre ellos dos.
Pero el verdadero ganador histórico en los comicios colombianos ha sido el abstencionismo. A modo de ejemplo solo citaremos los más recientes: presidenciales del 2014 (donde resultó electo el actual mandatario Juan Manuel Santos), casi el 60 %; plebiscito del 2016 para consultar el Acuerdo de Terminación Definitiva del Conflicto, 62,6 %; y legislativas de marzo último, 57 por ciento.
La carta de triunfo del venidero domingo estará entonces en el candidato que consiga movilizar a ese gran bloque que, desde hace décadas y por múltiples causas, ha preferido ver los toros desde la barrera.
Según el presidente del Instituto Popular de Capacitación, de Medellín, Colombia, Diego Herrera Duque, la próxima jornada electoral abrirá “dos destinos: o dejamos que las élites conservadoras sigan destrozando el Acuerdo de Paz, cabalgando sobre la impunidad; o damos lugar a una nueva narrativa en la que la opción impostergable sea la esperanza, la dignificación de las personas y la superación de la impunidad”.
El tema del Acuerdo de Paz, a un año y medio de su firma, transversaliza cualquier debate en el seno de la sociedad colombiana. Las listas de detractores y defensores crecen, igual que las denuncias de genocidio contra líderes comunitarios, exguerrilleros de la Farc-Ep y opositores. Algunas fuentes hablan de más de 200 asesinatos por motivos políticos en apenas un año.
“Al desdén y a la incapacidad institucional del Estado —denunció Herrera Duque en una columna de opinión publicada en el diario español El País— se agrega la disidencia y el rearme de varios excombatientes (alrededor de mil 300 hombres), el asesinato de 22 de ellos y el riesgo latiente de una judicialización del proceso, donde se nota la mano larga de la Fiscalía colombiana y de la DEA (Administración para el Control de Drogas, de Estados Unidos) para impedir que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cumpla con sus competencias”.
“Como si este oscuro panorama no fuera suficiente —añadió— se hizo realidad el alerta que habían realizado varios sectores al Gobierno: el copamiento de zonas de influencia dejadas por las Farc por parte de otras estructuras armadas ilegales, con enfrentamientos por el negocio del narcotráfico y demás rentas ilegales, así como por el control social y territorial, bajo la mirada casi siempre ausente y precaria de una institucionalidad democrática frágil”.
Entre los que se alegran de este panorama destacan los representantes de la ultraderecha regional y colombiana, cuyo principal candidato (Iván Duque) ha dejado claro que de ganar reformulará el Acuerdo, de lo cual se puede intuir que más bien lo volará en pedazos.
Duque tiene detrás al expresidente Álvaro Uribe y a quienes fomentaron el odio y el miedo para que ganara el No en el Plebiscito, e impedir así una verdadera reforma política en su país. Según denuncias de políticos y analistas ese sector ha boicoteado todo el proceso de paz, y en especial propuestas como la creación de una agenda legislativa que amparaba el procedimiento rápido (fasttrack) para instrumentar lo pactado en La Habana, pusieron obstáculos a las Circunscripciones de Paz para las víctimas y los territorios que han sufrido la violencia, y a la JEP con plenos poderes, pues esta escaparía al control de las élites políticas y empresariales.
De todos los candidatos el más comprometido con el Acuerdo es Humberto de la Calle, pues participó como jefe del equipo negociador del Gobierno. Luego de esa experiencia decidió postularse a la presidencia por el partido liberal. Va en el penúltimo puesto, pero más que el regreso a la Casa de Nariño, el político se ha mostrado preocupado por el futuro de la paz en un país que “se había caracterizado por los pactos”, y ahora vive polarizada: “Hemos descendido de la reflexión política al insulto y a una situación extraordinariamente agresiva (…). Y en Colombia, cuando el Estado ha incumplido su palabra, se han generado nuevas formas de violencia”, advirtió recientemente a la prensa.
