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El próximo 23 de mayo inicia en el Palacio de Convenciones de La Habana el Noveno Encuentro Internacional Justicia y Derecho, que sesionará hasta el venidero día 25.
Organizado por el Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, y con el coauspicio de la Unión Nacional de Juristas y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, el evento reunirá alrededor de 900 participantes entre delegados e invitados.
“Esta será una oportunidad para intercambiar con colegas de otras latitudes y también para dar a conocer el trabajo que se realiza en el país en este campo”, afirmó el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro.
El Jefe de la Corte Judicial cubana informó además que han confirmado su participación expertos de 27 países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Suecia, Sudáfrica y España.
Entre las personalidades que asistirán al evento destacan el Excmo. Sr. Adelino Manuel Muchanga, presidente del Tribunal Supremo de Mozambique y la Excma Sra. Doña Cecilia Sánchez Romero, directora del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención de Delito y Tratamiento al Delincuente (Ilanud).
El encuentro incluye cConferencias magistrales, intervenciones especiales, paneles, y ponencias que no solo servirán para la difusión de conocimientos, sino también que impulsaran los debates e intercambios.
Las Fórmulas para el afianzamiento de la ética y la independencia judicial en la impartición de justicia; El acceso a la justicia. Necesidad de su perfeccionamiento; La participación popular en la administración de justicia y La justicia ambiental. Retos para su perfeccionamiento son algunos de los temas priorizados.
El evento, que al decir sus organizadores, se ha consolidado como un espacio científico-jurídico de gran prestigio en el ámbito nacional e internacional, supondrá para Cuba, entre otros aspectos, la posibilidad de que sus especialistas, catedráticos y académicos aborden de conjunto temas medulares que quizás tengan que enfrentar.
Una posible modificación o actualización de la Constitución, que debe estar en consonancia no solo con la actualización del modelo económico cubano, sino con otros escenarios que se viven en la Cuba de hoy, requerirá de la visión, la opinión y los conocimientos de los principales actores del entramado jurídico nacional.
