A causa de los lógicos vacíos legales y organizativos que deja la ausencia de una ley como esta, las normas y regulaciones relacionadas con el tema estaban dispersas e incompletas, lo que abría una brecha para la violación de los más elementales derechos de aquellas personas que reciben servicios en las diferentes unidades, sean estatales o no.
Teniendo en cuenta estos escenarios, y por las constantes y crecientes insatisfacciones de la población, el MINCIN certificó la Resolución no. 54 del 2018, “norma que aprueba las indicaciones para la organización y ejecución de la protección al consumidor en el sistema de comercio interno”.
De acuerdo con lo expresado en conferencia de prensa por la directora de Protección al Consumidor del MINCIN, Yalina Garbey, como elemento novedoso el documento explicita los derechos y deberes del consumidor, los que hasta ahora no eran recogidos en ningún reglamento empleado.
Además, la Resolución esclarece las obligaciones generales de los proveedores de productos y servicios, y no deja margen a la duda en elementos medulares cuando declara que se debe “efectuar un correcto pesaje o medición de los productos que se comercializan por peso, volumen o longitud con medios certificados por la autoridad competente (…)”.
Estas indicaciones, que entrarán en vigor 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial, constituyen un importante paso para asegurar la calidad de los servicios, limitar las posibilidades de maltratos y desvío de recursos.
También es una forma de profundizar en las interioridades de los centros que ofrecen servicios vinculados al comercio interior, los cuales son ampliamente cuestionados por una población que ha visto cómo el agravio, la impunidad y el robo se han convertido en hechos comunes y reiterados.
No obstante —y lo reconocen las propias autoridades del MINCIN— un documento por sí solo, aunque útil, no garantiza que se logren los estándares de calidad que debieran caracterizar las acciones en los centros.
En todo ello “el factor humano” gana mayor protagonismo. Y hoy la indolencia, la falta de educación, la ausencia de una cultura de servicio y la corrupción resultan lastres que acompañan a no pocos de quienes laboran en espacios del comercio.
Estos, y muchos más males de fondo se agudizan por la situación económica que arrastra el país; por la llamada “crisis de valores” que sufrimos y por la falta de mecanismos para hacer cumplir aquello que de manera tan certera y lúcida se plasma en el papel. A ello se une la indiferencia ante lo mal hecho y la pésima costumbre de “dejar pasar” eso que, sabemos, no está bien.
Reclamar los derechos y acudir a los canales establecidos para hacerlo queda como una asignatura pendiente en muchos cubanos y cubanas que han perdido la fe en los mecanismos para ejecutar quejas y reclamos de cualquier tipo, olvidando que el silencio y la tolerancia son aliados de la corrupción.
La Resolución dicta que para presentar alguna inconformidad, el consumidor puede acudir desde los directivos del lugar donde fue atendido hasta la dirección de Protección al Consumidor del MINCIN y, en el caso de Artemisa, Mayabeque e Isla de la Juventud, a las direcciones estatales de comercio.
Claro está que también existen los deberes. Comportarse de manera apropiada, informarse adecuadamente antes de adquirir un producto y manifestar las inquietudes de forma respetuosa son algunas de las obligaciones del consumidor.
El documento es fruto de largas jornadas de trabajos que tuvieron en cuenta los antecedentes legislativos puestos en práctica con anterioridad, además de las experiencias del día a día relacionadas con los palpables y profundos problemas vinculados al comercio interior en el país.
Queda ahora al MINCIN —en muchos como organismo de la Administración Central del Estado con la misión de proponer y, una vez aprobadas, dirigir, controlar y fiscalizar las políticas del Estado y del Gobierno referidas al comercio mayorista y minorista, la logística de almacén y protección al consumidor— velar porque se cumpla lo aprobado.
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