El maltrato, la falta de profesionalidad, el robo y las indisciplinas son quejas constantes de la población, referidas a servicios que ofrecen muchos centros estatales. Durante años las autoridades gubernamentales han propuesto disímiles estatutos para evitar actitudes como estas, pero los resultados aún no son los más alentadores.
Por tanto, en aras de continuar perfeccionando las regulaciones que garantizan la protección al consumidor, el Ministerio del Comercio Interior (Mincin) aprobó la Resolución No. 54 del 2018, que agrupa las principales disposiciones sobre este tema.
Cuestiones medulares como el derecho a recibir productos y servicios que cumplan con los requisitos de calidades o a comprobar el peso de los productos adquiridos quedaron claramente detalladas en esta norma, que entrará en vigor 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial.
“Los consumidores tiene derecho a que se le dispense un trato amable, transparente, equitativo, no discriminatorio ni abusivo en relación a las condiciones de calidad, cantidad, precio, peso, volumen, medida de los productos y servicios de cualquier naturaleza que adquieran”; especifica el texto.
Sin embargo, -y de esto es consciente la Ministra del sector, Mary Blanca Ortega Barredo-, este documento no suple, -ni pretende hacerlo- la necesaria ley que regule en Cuba la protección al consumidor, en la que se trabaja desde hace más de 15 años.
Estas normas son un importante paso de avance, pero igualmente, son insuficientes, no solo por la mencionada ausencia de esta ley, sino también por los llamados “factores subjetivos” que intervienen en estos procesos.
La educación, el respeto y las buenas maneras no se transmiten a través de un papel. En muchos espacios vinculados al comercio interior se desempeñan muy buenos trabajadores, pero también trabajan otros cuya indolencia y falta de profesionalidad le impiden mostrar un lado amable y respetuoso.
Por otra parte, continúa la malversación de recursos en no pocos centros de esta clase. Bajo el concepto de “estar luchando” o “arañando”; personas inescrupulosas continúan robando, y por tanto, afectando no solo la economía del país, sino también a quienes pagan por un producto con determinadas características.
La Resolución No. 54 del 2018 es un camino, positivo, pero pequeño aún para las aspiraciones y necesidades de los consumidores en la Isla. Queda continuar trazando senderos y al menos ahora –en lo inmediato- le toca al Mincin velar porque se cumpla lo estipulado; y, le corresponde a la población comenzar a reclamar porque se respeten sus derechos. Ya es momento de recuperar la conciencia ciudadana, esa que se perdió, quizás antes de los 90.
