Oscar conocía muy bien las implicaciones de su indisciplina. Así y todo optó por arriesgarse. Necesitaba comunicarse con su familia en el extranjero y, como no eran tiempos de nauta ni wifi, usó la conexión de aquella Empresa de Proyectos.
De vez en cuando adjuntaba mensajes que inmediatamente “eliminaba” de la bandeja de enviados hasta que un día lo llamaron a contar. “Usted sabe que violó lo establecido. Será sancionado”, le informaron, luego de admitir su culpa y jurar que primero muerto que volver a incurrir en lo mismo.
Ese día abandonó la oficina del director sin sospechar que 48 horas después pondrían en sus manos el documento donde le notificaron la medida que abruptamente ponía fin a una larga relación laboral.
Sin embargo, en el Reglamento Disciplinario solo se estipulaba la suspensión temporal o definitiva del acceso a su cuenta de correo, y no la salida de la empresa. “Tanto me molesté que decidí no apelar. Tenía una fama bien ganada de ser muy cumplidor, pero demasiado polémico…, había que salir de mí y yo les di la oportunidad. Lo triste es que yo llevaba 23 años allí y el director solo tres. A mí me botaron, tiempo después al director lo promovieron, y en mi antiguo centro ningún arquitecto dura nada. ¿Quién salió perdiendo? La empresa…”.
La historia narrada llegó a mis manos luego de que Trabajadores publicara ¿Disciplina sin justicia?, texto defensor de la necesidad de que sanciones e infracciones se parezcan, y el sindicato lo exija, manera salomónica de preservar el orden laboral.
Confesiones como la de este arquitecto alertan de un asunto en el que ciertas administraciones incurren cuando separan de la entidad a trabajadores sin reparar en los costos/beneficios de una medida que quita de sus puestos a empleados hábiles, capaces, expertos, de los que se prescinde a veces con la misma facilidad con la que un árbitro expulsa del terreno a un pelotero solo por protestarle el conteo.
Baja productividad, artículos defectuosos, trámites demorados, planes imposibles de cumplir. Es larga la lista de las consecuencias de reemplazar a personas competentes por quienes no lo son, un gasto que no consta en partida alguna, a pesar de los significativos perjuicios que genera.
A esta, que debiera ser una sanción extrema, parece recurrirse sin que tiemblen las manos de sus ejecutores, escudados, en algunas ocasiones, en que “de arriba mandaron a ser implacables”, y no queda otra opción que cumplir, y en la obediencia privan de su continuidad laboral a trabajadores con una vida entera fraguada allí.
Las oportunidades para enmendar ayudan a ser mejores, me escribió un chofer de Transtur Varadero, a quien permitieron quedarse cuando debió irse, alternativa vedada a no pocos sentenciados a romper su vínculo laboral, como le acaba de suceder a cinco mujeres del Correo Central de Matanzas.
Ni indulgencia, ni paternalismo. Quizás un poco de sentido común, también de sensibilidad para entender qué conviene más a los empleados, a la empresa, a la fábrica, a ese país pequeño donde el sindicato necesita ser más verbo que sustantivo, más acción que voz.
