Justo este 11 de marzo se cumplen 58 años de la promulgación de la Ley 757, mediante la cual se creaba la Junta Central de Planificación, sin dudas un paso significativo en el propósito de conducir a Cuba de manera consciente hacia los objetivos de justicia social y desarrollo económico proclamados por la joven dirección revolucionaria.
Con la confiscación de bienes malversados, la Reforma Agraria y la nacionalización que convirtió en propiedad social los centrales azucareros, las grandes fábricas, minas, comercios y la banca, se creaban las condiciones para el ejercicio pleno de la planificación como categoría definitoria de la sociedad socialista, en contraposición al dominio de las leyes del mercado, tal cual lo expresó el Che.
Lo acontecido en estos 58 años pone en evidencia que la planificación ha constituido una de las grandes fortalezas de la economía socialista. Con la incorporación de Cuba al Consejo de Ayuda Económica (CAME), integrado por los países socialistas, la planificación constituyó el instrumento que posibilitó que el país en ese contexto, trazara su desarrollo a largo plazo, conjugándolo con las proyecciones de las naciones que integraran esa entidad.
Pero con la desintegración del campo socialista a comienzos de los años 90, el país vio fracturados sus nexos económicos con estos países, lo que obligó a reenfocar la estrategia en aras de garantizar la supervivencia de la nación. En 1994 la Junta Central de Planificación se convierte en el Ministerio de Economía y Planificación, con el encargo de dirigir la aplicación de la política del estado y el gobierno en materia de economía y planificación.
En los años subsiguientes y hasta el presente, la planificación continuó sustentando la economía, sin dejar de evolucionar en contenido y organizacionalmente en atención a los cambios que se han producido a lo interno y en el entorno internacional.
El Sexto Congreso del Partido, en abril de 2011, reafirmó que el sistema de planificación socialista continuaría como la vía principal para la dirección de la economía nacional, y subrayó que debía transformarse en sus aspectos metodológicos, organizativos y de control, lo que fue ratificado en el 7mo Congreso realizado en 2016.
A los fines de revertir los daños del bloqueo económico y financiero impuesto por los gobiernos norteamericanos desde inicio de la década de los 60, fueron emprendidas acciones tendentes a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Económico Social hasta el 2030.
Ello posibilitará que la dirección del país disponga de políticas con enfoques sistémicos, integrales y sostenibles, con una visión estratégica y consensuada a mediano y largo plazos, corroborándose la planificación socialista como categoría rectora del sistema de dirección de la economía.
En todas estas tareas se encuentran enfrascados los trabajadores y directivos del Ministerio de Economía y Planificación.
